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Prestaciones de jueces cuestan 360 mdp al año

REPORTAJE

Para cubrir los gastos en comida, seguros, vales de gasolina, uso de telefonía celular y boletos de avión de los magistrados del Poder Judicial se destinaron mil 529.6 millones de pesos entre 2014 y marzo de 2018.
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Los magistrados y jueces federales cuentan con prestaciones y partidas presupuestales que la mayoría de los trabajadores en México no tienen. Solo para cubrir los gastos en comida, seguros, vales de gasolina, uso de telefonía celular y boletos de avión se destinaron mil 529.6 millones de pesos entre 2014 y marzo de 2018, un promedio anual de 360 mdp, de acuerdo con un informe del Consejo de la Judicatura Federal obtenido por MILENIO mediante una solicitud de transparencia.

El apetito de los altos funcionarios del Poder Judicial generó un gasto de 791.2 millones de pesos por el concepto de vales de comida en el mismo periodo. Esta no es una prestación de ley, sino una partida presupuestal que les permite ahorrar unos pesos de su salario base que asciende a los 3.6 millones de pesos anuales.

Con el dinero destinado para las comidas de magistrados y jueces se pueden comprar 497 mil 234 canastas básicas (al precio de julio 2018) que ayudarían a 41 mil 436 personas a comer bien durante todo un año.

Si divide la cantidad de los recursos invertidos en comida durante 2017, que ascendió a 260.9 millones de pesos, por los mil 399 jueces y magistrados que se desempeñan en el Poder Judicial de la Federación, se obtiene que en promedio cada uno de ellos gastó 186 mil 544 pesos en vales de comida.

Contrario a lo que ocurre en el Poder Legislativo, donde los diputados eliminaron en junio del año pasado las partidas de gastos personales, en el Poder Judicial de la Federación la palabra austeridad no aparece en el vocablo de los juzgadores.

MILENIO solicitó, vía transparencia, los gastos hechos por los magistrados y Jueces en teléfono celular, alimentos, ayuda para renta de casas para los funcionarios que son enviados a laborar a otras entidades del país, boletos de avión, gastos médicos mayores y ayuda para gasolina.

El documento detalla que en 2014 se pagaron 16.4 millones de pesos en facturas de teléfono celular. Al año siguiente la cifra aumentó en 2.6 millones y para 2016 se destinaron 23.3 millones de pesos para que los magistrados y jueces pudieran estar comunicados. En 2017 y el primer trimestre de 2018 la cifra descendió hasta los 9.9 millones.

La suma del periodo entre 2014 y marzo de 2018 arrojó que el Poder Judicial de la Federación desembolsó 68.8 millones de pesos a las empresas de comunicación móvil (16.1 mdp de promedio anual). Esto representa que cada uno de los magistrados y jueces gastó en dicho periodo 49 mil 197 pesos por el uso de telefonía celular.

VIAJES

Además de las prestaciones mencionadas, los altos mandos del Poder Judicial también se ahorran un dinero en la compra de boletos de avión. El CJF reveló que se destinaron 45.8 millones de pesos para el pago de viajes aéreos entre 2014 y 2018, siendo 2017 el año con mayor desembolso, pues en ese periodo se gastaron dos tercios de los recursos destinados.

En los primeros meses de 2018, las autoridades revelan que se ha destinado un millón 753 mil pesos.

Aparte de los insumos mencionados, los jueces y magistrados tienen derecho a un subsidio para renta de casa. Actualmente el Estado mexicano cuenta con tres montos para que los juristas puedan pagar el alquiler cada mes cuando son enviados a laborar en distintos juzgados del país.

Los montos van desde los 5 mil 940 pesos para las rentas de viviendas ubicadas en la Zona I, para la II la ayuda asciende a 7 mil 12 pesos con 50 centavos y el apoyo más grande se da para la Zona III, en este caso se brindan 8 mil 250 pesos.

Pero esto no es todo. El Poder Judicial de la Federación facilita vehículos de renta a los magistrados y jueces que así lo requieren para el adecuado desempeño de sus funciones. Para ello en 2016 se gastaron 3.7 millones de pesos. Para los demás años la oficina de transparencia no brindó los montos asignados con el argumento de que “no se contaba con la información”.

En el rubro de vales de gasolina sí se dieron más detalles. El Poder Judicial gastó en 2014 29 millones; para 2015, 68.6 millones; en 2016 la cifra se elevó a 78.8 millones; para 2017 se destinaron 81.1 millones y en los primeros tres meses de 2018 se reporta un monto de 20.8 millones.

En los detalles del informe se explica que el Consejo de la Judicatura Federal adquiere vales de gasolina para distribuirlos de manera mensual a todos los órganos jurisdiccionales, auxiliares y áreas administrativas que conforman el juzgado. A cada magistrado de circuito se le entrega un vale equivalente a 5 mil 600 pesos, mientras que a los jueces y secretarios de les dota de 3 mil pesos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala que los magistrados, jueces y secretarios gozan del beneficio de un seguro de gastos médicos mayores.

La póliza brinda protección no solo a los juzgadores, también a sus familiares directos como esposa e hijos menores de 25 años. La inversión realizada por el Poder Judicial federal para cubrir el pago de los seguros fue de 346.2 millones entre 2014 y 2017.

Los pagos a las aseguradoras aumentaron cada año desde 2014 cuando se destinaron 41 millones de pesos, para 2015 la cifra se incrementó a más del doble para ubicarse hasta los 96.3 millones. En 2016 la salud de los magistrados y jueces tuvo un impacto en las arcas del gobierno de 101.6 millones de pesos y en 2017 el monto fue de 107.1 millones.

Otras prestaciones que contempla la ley para el Poder Judicial de la Federación son las percepciones extraordinarias que consisten en pagos excepcionales que deben autorizarse por los respectivos órganos de gobierno. También cuentan con un seguro de vida institucional que cubre los siniestros de fallecimiento o de incapacidad e invalidez total y permanente de los servidores públicos que puede ser equivalente a 40 meses de sueldo básico, con opción a potenciación de hasta 108 meses, con cargo al servidor público.

El resto de prestaciones se dividen en un seguro de separación individualizado que blinda económicamente a los servidores públicos de mando medio y alto hasta que se reintegran en el mercado laboral, aguinaldo, ayuda para funerales, anteojos, estímulo por antigüedad o jubilación, licencia prejubilatoria, despensa y prima por Día de la Madre y el Padre.


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