Hubo presión a los ministros, asegura Héctor Romero

Desfilaron funcionarios públicos de todos los niveles para presionar a la SCJN, por lo que la resolución la “vi venir y ya no me sorprendió”.
Héctor Romero Fierro
Héctor Romero Fierro (Especial)

Guadalajara

Funcionarios públicos de diferentes niveles en Jalisco desfilaron por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para presionar a los ministros para que resolvieran a favor del auditor superior Alonso Godoy Pelayo, denunció el abogado Héctor Romero Fierro, quien presentó la demanda de amparo que dio origen al procedimiento.

Señaló que desde el lunes pasado que acudió a la Corte y tuvo oportunidad de platicar con los ministros, “me empezó a preocupar” que “funcionarios de los más altos niveles” y de todos los partidos políticos pidieron que se le mantuviera en el cargo.

Por ello, aseguró que el sentido de la resolución “lo vi venir y ya no me sorprendió”.

En entrevista para MILENIO RADIO, dijo que no sabe hasta qué punto influyó la presión de los funcionarios en los ministros, porque “yo respeto a la Corte y creo que sus resoluciones son sanas”.

Romero Fierro agregó que hasta que tenga en sus manos la sentencia sabrá si fue “la última escalera” o hubo alguna violación a sus derechos humanos. Con base en esto, decidiría si interpone algún recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo que sí queda claro, dijo Romero Fierro, es que Alonso Godoy tiene “buenos padrinos en todos los partidos”. Lo que hay detrás, agregó, es la negociación de cuentas públicas a cambio de dinero o prebendas, que hacen que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco las envíe al Congreso del Estado “más limpias que si hubieran salido de la lavadora”.

Héctor Romero afirmó que con esta decisión de la Corte no pierde él, que emprendió desde 2009 la lucha jurídica en este caso, sino el estado y la sociedad jalisciense, porque seguirá sin existir realmente la rendición de cuentas.

Agregó que con la reforma que se impulsó en 2009, previo al nombramiento del auditor superior, se buscó que la fiscalización en el estado quedara en manos de personas ajenas a los partidos políticos, para que realmente se revisara la forma en que se ejercen los recursos públicos, pero eso no fue posible.

En los últimos diez años ha habido en Jalisco una revisión de cuentas públicas que no se apega a los principios mínimos, aseguró.

Héctor Romero agregó que la Suprema Corte resolvió sobre uno de los amparos que él promovió, pero solamente acerca de la forma, desechando el juicio porque no impugnó el nombramiento definitivo de Alonso Godoy. Recordó que recurrió la decisión de la Comisión de Vigilancia, de modificar las bases de la convocatoria, sobre el examen de oposición que debía aplicarse a los candidatos a auditor superior.

MILENIO JALISCO dio a conocer ayer que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución definitiva a favor de Alonso Godoy, revocando la sentencia del juicio de amparo que había ganado Héctor Romero, en contra del nombramiento del auditor superior. El máximo tribunal del país determinó el sobreseimiento del juicio de garantías, a través del cual un juez federal había determinado que la designación de Godoy Pelayo fue irregular y que por lo tanto debía reponerse.

Los pendientes

A finales de la LVIII Legislatura el auditor superior Alonso Godoy Pelayo entregó a los diputados locales 30 millones de pesos del órgano fiscalizador, que fueron depositados en una cuenta secreta

De esa cuenta, los diputados sacaron cinco millones de pesos que entregaron a Alfredo Vargas Padilla, suegro de Alonso Godoy Pelayo

Hasta la fecha Alfredo Vargas Padilla no ha aclarado cuál fue el servicio que prestó al Congreso del Estado.

En 2009 los diputados entregaron a Alonso Godoy 6.5 millones de pesos adicionales a su salario, sin que se aclare hasta la fecha el concepto del pago

Durante la LVIII Legislatura, los diputados pagaron al auditor 3.3 millones de pesos adicionales a su salario a Alonso Godoy, presuntamente por prestaciones laborales que no había cobrado

El auditor superior compró a sobreprecio un terreno donde construyó el edificio que será sede de la Auditoría. El terreno fue adquirido por una empresa en 39 millones de pesos y unos meses después Godoy pagó por él 69.5 millones de pesos

El auditor ha enviado al Congreso del Estado sin cargos las cuentas públicas de todos los personajes políticos más importantes, como el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval; el ex gobernador Emilio González; el ex candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, y el diputado local Miguel Castro