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Domingo , 16.12.2018 / 15:39 Hoy

Por 'superdelegados', PAN sigue adelante con recurso

Juan Carlos Romero Hicks aseguró que alistan la impugnación a la Ley Orgánica de la Administración Pública porque tiene problemas de diseño.
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La fracción del PAN en la Cámara de Diputados reconoció la rectificación del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar que los “superdelegados” intervengan en decisiones de seguridad pública en estados y municipios, pero advirtió que la acción de inconstitucionalidad contra la actuación de esos funcionarios sigue adelante, por considerarla “invasiva” y contraria al federalismo. 

El coordinador de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, confirmó que la oposición en conjunto alista ya la impugnación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la intención de presentarla ante la Suprema Corte de Justicia antes del vencimiento del plazo legal, el próximo 2 de enero. 

“Reconocemos que se está corrigiendo, (pero) hay que cambiar la ley, porque la ley está mal diseñada, no basta la voluntad del señor Presidente de la República, que reconocemos que, ante un error, corrige, porque además él había ido a la Conferencia Nacional de los Gobernadores hace un par de meses y había ofrecido que los ‘superdelegados’ no estarían en funciones de seguridad”, dijo. 

Romero Hicks aseguró que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiene otros problemas de diseño, que en su momento se habrán de controvertir.

-Es decir, ¿la acción de inconstitucionalidad seguiría adelante?- se le insistió.


-Sí, vamos a continuar, porque es una ley invasiva de potestades federales en las entidades federativas y, sobre todo, de los municipios, no es una ley bien diseñada.

El líder parlamentario de

Acción Nacional

cuestionó el carácter partidista de los ‘superdelegados’ del gobierno federal, que incluso sin mandato ciudadano se encargarán de entregar los recursos de los programas sociales.



“En el mundo real están ubicando a personas que perdieron elecciones, que no tienen un mandato ciudadano, que van a distribuir el gasto público, sobre todo en materia social, y claramente se interpreta que tiene un sentido de partido e ideología, lo cual resulta inaceptable, y el ciudadano va a estar confundido porque votó por una persona y el que empieza a repartir el gasto es otra”, dijo.


OVM



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