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Sábado , 23.06.2018 / 05:14 Hoy

Piden evitar judicialización en desarrollo urbano

El alcalde Francisco Cienfuegos argumentó que el Poder Judicial no tiene la capacidad para decidir sobre los usos de suelo en los municipios.

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Victoria Félix

Bajo el argumento de que el Poder Judicial no es experto en desarrollo urbano y por lo tanto no debería decidir sobre las suspensiones y clausuras de construcciones, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, reiteró en que esto debe seguir siendo una atribución municipal dentro de la Ley de Desarrollo Urbano.

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Lo anterior debido a que la semana pasada el Gobierno del Estado presentó su propia iniciativa de Ley de Desarrollo Urbano en la que se observan discordancias con el documento de la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) en el tema de la judicialización de permisos.

Y es que el punto de discordia radica en que si las clausuras y suspensiones de obras deben de realizarse por medio del fallo de un juez o por determinación de la administración municipal.

“Nosotros pensamos que el Poder Judicial no tiene la capacidad técnica para poder decidir sobre los usos de suelo en cada uno de los municipios, es por eso que preferimos que se quede el Poder Judicial ajeno a la implementación del control urbano en cada uno de los municipios”, manifestó el alcalde.

“Lamentablemente a veces en la parte del proceso jurídico es donde perdemos de vista el interés público”, agregó el munícipe de San Nicolás, Víctor Fuentes.

Por su parte, la alcaldesa de Escobedo y presidenta de la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA), Clara Luz Flores, explicó que sentarán mesas de trabajo la próxima semana con el Gobierno del Estado para definir criterios en cuanto a la nueva Ley de Desarrollo Urbano y en específico a la judicialización de las clausuras.

Mencionó que ambos equipos jurídicos –del Estado y municipios- revisarán el tema para encontrar consensos y también definir los criterios que son innegociables.

“Lo que acordamos con el Estado fue que va a tener reuniones con los abogados, los abogados de nosotros que crearon esta ley, y que van a tener reuniones además con el Congreso del Estado”, dijo.

Finalmente el alcalde de San Nicolás mencionó que serán los diputados quienes decidan por lo que les solicitó revisar muy bien el tema con ministros, magistrados, jueces y expertos en la materia con el fin de tener una opinión informada.

Esperarán alcaldes propuesta formal sobre reducción de escoltas

Luego de que el secretario general de Gobierno, Manuel González, adelantó que buscarán modificar la ley para reducir el número de escoltas de funcionarios y ex funcionarios de primer nivel, alcaldes metropolitanos contestaron que esperarán una propuesta formal antes de emitir una postura.

Tras acudir a una reunión en el Museo del Noreste por el Día Estatal de Seguridad Vial, el alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, mencionó que se mantendrán respetuosos de la decisión que tome el Estado y el Congreso.

“Hay que esperar a que se haga la propuesta formal del Ejecutivo al Legislativo, que el Legislativo haga las mesas de trabajo correspondientes y de determinarse así, nosotros seremos respetuosos de la aplicación de la ley”, dijo.

Al cuestionarle si estaba a favor o en contra de estas medidas, contestó: “Todo aquello que sea en mejora para poder brindar un mejor servicio de seguridad adelante”, e informó que él cuenta con 5 escoltas.

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Por su parte, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, mencionó que las condiciones de seguridad han cambiado, sin embargo, existe un peligro inminente para quienes ejercen un cargo público ya que diariamente toman decisiones que afectan los “intereses” de alguna persona o grupo.

“Nuestra vida cambia y yo te lo digo personalmente que yo recibí trece atentados en lo personal nuestra vida cambia, cambia completamente. Antes yo era otra y hoy soy otra con escoltas o sin escoltas y mis medidas de precaución con eso de los escoltas para la seguridad son abismales independientemente de que no tenga escoltas”, refirió.

El Gobierno dio a conocer ayer que presentarían ante el Congreso reformas a la ley para reducir el número de escoltas como una medida de austeridad proyectada para el 2018.

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