La audiencia intermedia del procedimiento judicial que se sigue en contra de los ex funcionarios del penal del Topo Chico se suspendió por segunda ocasión, porque la cédula profesional de los peritos y su patente ante el Consejo Mexicano de Medicina Legal no están agregados a la carpeta en la que aparecen las 49 autopsias que hicieron a los cuerpos de los reos que murieron en el motín, ocurrido en febrero de año pasado.
Esos documentos fueron exigidos por los abogados del ex director de Administración Penitenciaria, Fernando Domínguez Jaramillo; y el sub director del penal del Topo Chico, Arturo Bernal Bernal; así como de la ex directora, Gregoria Salazar Robles.
Los defensores solicitaron los documentos durante la audiencia que presidió la juez María del Rosario Alanís, quien al percatarse que no estaban anexados a la investigación que realizó el agente del Ministerio Público, decidió suspender la diligencia, que se prolongó por cinco horas, y la reprogramó para el 8 de febrero.
Antes de realizar esa petición, los abogados particulares de Fernando Domínguez y Gregoria Salazar promovieron un incidente de nulidad para esas mismas pruebas y para las 45 pruebas de reconocimiento que realizaron para complementar la carpeta de investigación.
Los litigantes aseguraron que esas diligencias deben ser supervisadas por un fiscal ajeno al que realiza la investigación y de acuerdo a los documentos aparecen realizadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Sin embargo, tras analizar por breves minutos dicha petición, la juzgadora la negó y argumento que se habían realizado conforme a la ley.
