La fracción del PAN en la Cámara de Diputados exigió al gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador explicar y transparentar el llamado Censo para el Bienestar, por considerar que violenta la ley y la práctica censal, además de advertir un probable uso político electoral de ese instrumento.
Expresó así su “honda preocupación” por la forma en que los denominados “servidores de la nación” levantan el censo para identificar a los beneficiarios de los 25 programas prioritarios del próximo gobierno federal.
“Estamos a más de mes y medio de distancia de que el nuevo gobierno encabezado por López Obrador entre en funciones, luego de la incuestionable victoria en las urnas del pasado 1 de julio, y no entendemos cuál es el objetivo de estas acciones irregulares, que violentan la legislación, la práctica censal, la protección de datos personales y ponen en duda el uso político de la información”, puntualizó.
En un comunicado, la bancada panista encabezada por Juan Carlos Romero Hicks detalló que el Censo para el Bienestar tendría como objetivo identificar a 2.3 millones de beneficiarios del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, a quienes se entregarían apoyos de 3 mil 600 pesos mensuales, así como a los adultos mayores de 68 años que recibirán mil 274 pesos al mes y al millón de discapacitados que obtendrían mil 500 pesos de apoyo mensual.
De igual forma se prevé censar a los 300 mil jóvenes de preparatoria y universidad que recibirían mensualmente 833 pesos, en el primer caso, y 2 mil 400 pesos, en el segundo, entre otros beneficiarios de los nuevos programas sociales.
El grupo parlamentario del PAN cuestionó, sin embargo, la legalidad y la metodología del censo, así como el probable uso político electoral de la información.
“¿Cuál es el rigor metodológico que dará validez al censo que se levanta? ¿Cuál es padrón sobre el que se trabaja? ¿Es el padrón de Sedesol, del que estarían legalmente impedidos de utilizar? ¿Qué capacitación han tenido los encuestadores cuando es sabido que una tarea como la que se plantea amerita meses de preparación, adiestramiento, identificación de áreas geográficas, etcétera?”, inquirió.
Emplazó asimismo al gobierno electo a responder ¿qué dependencia es la encargada de recopilar los datos?, ¿cuál será el destino de la información recabada?, ¿qué garantía existe de la observancia de la Ley General de Protección de Datos Personales? y si las referencias geográficas tienen relación con las secciones electorales, pues “de ser así, sería ingenuo pretender que esto pudiera no aprovecharse con fines político electorales”.
