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Martes , 23.10.2018 / 10:31 Hoy

AI: gobierno no entiende su responsabilidad en indagatoria de Ayotzinapa

Ayotzinapa

Para Amnistía Internacional la resolución de la creación de una comisión de la verdad, supone que la investigación sobre los normalistas desparecidos es defectuosa sin tomar en cuenta las líneas de investigación adecuadas.
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La reacción de la Procuraduría General de la República de manifestar públicamente su desacuerdo con la sentencia del tribunal federal en el caso Ayotzinapa, en "lugar de establecer una ruta clara para su cumplimiento, hace pensar que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones de derechos humanos”.

Esto lo aseguró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Al destacar que "es imperativo que el Estado cumpla de buena fe con las órdenes del tribunal”, Guevara Rosas señaló que “parece quedar demostrada que la teoría del caso de la PGR, referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble".

La directiva de Amnistía Internacional dijo que la verdad histórica presentada por la PGR "es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia”.

La decisión de un tribunal federal de ordenar la creación de una comisión de investigación para la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa, supone un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México.

La creación de la comisión, explicó la activista, es un mecanismo que se utiliza algunas veces para garantizar investigaciones adecuadas de delitos de derecho internacional.

“Después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014”.

Para Amnistía Internacional la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas, reconoce que en México "no hay una fiscalía independiente, y que la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha sido profundamente defectuosa y no ha tomado en consideración las líneas de investigación adecuadas".

Entre las falencias en la investigación de la PGR, el Tribunal destacó las coincidentes y reiteradas alegaciones de tortura, la sustentación de la acusación casi exclusivamente a través de confesiones incriminatorias, y la omisión de investigar hechos y autoridades relevantes para el caso, incluyendo a miembros de la Policía Federal, el Ejército y la Marina.

La sentencia, agregó, coincide y toma en consideración los hallazgos que en su momento hicieron públicos tanto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en sus informes sobre el caso.

Además de la creación de la Comisión de Investigación, el tribunal ordenó otras medidas para garantizar los derechos tanto de los acusados como de las víctimas. Entre otras, se ordenó la investigación pronta e imparcial de las alegaciones de tortura, la correcta valoración de las confesiones, el estudio de la legalidad de las detenciones y de la tardanza injustificada en poner a los detenidos ante una autoridad competente, además de la evaluación del cumplimiento del derecho a contar con representación letrada efectiva.

AJE

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