Ordenan buscar en campos militares a dos guerrilleros

En instalaciones del DF, Oaxaca y Guerrero se realizarán trabajos de arqueología forense para intentar ubicar los cuerpos de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, integrantes del EPR.
Abogados, peritos, ministerios públicos y familiares podrán ingresar al Campo Militar Número 1.
Abogados, peritos, ministerios públicos y familiares podrán ingresar al Campo Militar Número 1. (Daniel Cruz)

México

En un hecho sin antecedentes, el noveno tribunal colegiado de circuito en materia penal ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permitir el acceso de una comisión mixta de abogados, investigadores, peritos y ministerios públicos al interior de campos militares en Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal —incluido el epicentro de su poder, el Campo Militar Número 1—, para buscar cuerpos enterrados. La justicia quiere determinar si ahí se encuentran los restos de Edmundo Reyes y Alberto Cruz, dos guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos en 2007.

El mandato del tribunal colegiado, fechado en junio del año pasado y del cual MILENIO tiene una copia, es inapelable. A siete meses de haber sido emitido, por fin se encuentra a días de cumplimentarse, a la espera de que en un plazo no mayor a una semana el juzgado cuarto de amparo del Distrito Federal fije la fecha para el comienzo de los que a todas luces se presentan como inéditos trabajos de arqueología forense.

Es la primera vez que el Poder Judicial ordena al alto mando de la Sedena abrir el campo militar más importante del país —el Número 1— a una investigación de este tipo, en cuyo núcleo se encuentra la búsqueda de personas desaparecidas forzosamente. Por si fuera poco, dos guerrilleros.

"Lo que nos dijo el juez el viernes pasado es que solo está esperando que la PGR entregue un informe sobre el avance de las investigaciones para proceder", dijo Sandino Rivero, abogado de las familias de los eperristas desaparecidos. "Esto ya se tiene que dar en la siguiente semana. Es inminente que se abra la visita a las instalaciones militares, empezando por las de Oaxaca, Guerrero y Distrito Federal, porque ya hay un mandato judicial. Si no se acata, el secretario de la Defensa Nacional estaría incurriendo en un desacato".

El proceso y las teorías

El mandato en cuestión viene como corolario a un proceso legal que comenzó en 2013, cuando Nadin Reyes, hija de Edmundo Reyes, y Eduwigis Margarita Cruz, hermana de Alberto Cruz, interpusieron un juicio de amparo contra el delito de desaparición forzada sufrida por los dos guerrilleros, desaparecidos en 2007, tras un operativo policiaco-militar en la capital oaxaqueña.

El proceso, radicado en un principio en el juzgado cuarto de amparo, escaló hasta el noveno tribunal colegiado, en el que dos de tres magistrados dieron razón a la defensa y tomaron dos decisiones fundamentales: ordenar la apertura de las instalaciones castrenses y exigir a la PGR desclasificar la médula de las averiguaciones previas que tiene en torno al caso. Básicamente, informar cuáles son sus líneas de investigación sobre quién desapareció a Cruz y a Reyes.

Las revelaciones son de peso. Están contenidas en un expediente que forma parte de la averiguación previa abierta por el secuestro de ambos activistas y la cual había sido considerada confidencial, porque incluye detalles de actos terroristas contra Pemex y la estructura de mando del EPR. Pero ya se abrieron y, en resumen, evidencian que la procuraduría mantiene cuatro hipótesis en torno a la desaparición forzada de los dos guerrilleros. En todas operan fuerzas del Estado, incluido el Ejército.

Estas son las teorías de la PGR: 1.- Que en la desaparición de los dos guerrilleros participaron elementos militares, adscritos a la octava Región Militar, con sede en Ixcotel, Oaxaca; 2.- Que fueron levantados por el jefe regional en Oaxaca de la extinta Agencia Federal de Investigaciones; 3.- Que los secuestró un grupo de operaciones especiales de la Secretaría de Seguridad Pública oaxaqueña, creado por Ulises Ruiz, 4.- Que los levantó la Policía Federal de Caminos en Puebla. La primera hipótesis —la de la mano militar— es la que ha llevado al tribunal a ordenar las pesquisas en instalaciones castrenses.

De manera coincidente, la culminación del juicio sobre la desaparición forzada de Cruz y Reyes —dos integrantes de alto rango en la dirigencia colectiva del EPR— llega al mismo tiempo que la demanda de familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa de acceder a bases militares para buscar a los estudiantes, petición a la que el Ejército y la Secretaría de Gobernación accedieron, también de forma histórica, el pasado martes.

El mandato

En el caso de Cruz y Reyes no fue una protesta la que dio vía para que se abran las instalaciones militares al escrutinio exterior, sino el fallo de uno de los juzgados de mayor jerarquía en el país, un tribunal colegiado que se encuentra solo por debajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el organigrama judicial.

El mandato ordena textualmente al Ministerio Público de la Federación que "de inmediato y en el ámbito de sus competencias, se traslade a los lugares de posible detención y ocultamiento y, en especial, realicen la búsqueda en las principales instalaciones militares". Establece que el ministerio público y quienes integren la comisión que ingresará a los campos militares deberán informar "sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con los de las víctimas para en su caso practicar diligencias de identificación forense".

La labor de escarbar en los confines de los campos castrenses no sería exclusiva del Ministerio Público federal. Los magistrados del tribunal colegiado, encabezados por Miguel Ángel Aguilar López, ordenaron la creación de una "comisión mixta" que acompañaría a las autoridades. Esta incluiría a familiares de las víctimas y sus abogados.

La búsqueda de ambos guerrilleros tampoco se limitaría al campo militar número 1, si bien fue esta base a la que habrían sido llevados, según documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 7/2009, que ha servido de base para el juicio que culminó con la orden judicial del noveno tribunal. Rivero explicó que el mandato es extensivo a todas las instalaciones castrenses que se consideren necesarias y que para ello se tiene dispuesto utilizar equipo especializado en la detección de objetos enterrados. Como cadáveres.

Reyes y Cruz desaparecieron el 24 de mayo de 2007, después de un operativo conjunto entre fuerzas federales, militares y policías estatales en el hotel El Árbol de Oaxaca. El 2 de junio de ese año, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) emitió un comunicado en el que reconoció que ambos formaban parte de la agrupación guerrillera y exigía su liberación inmediata. Como herramienta de presión, la organización clandestina lanzó una campaña de atentados contra instalaciones de Pemex en el Bajío.

Continúa la Ceteg con cierre de edificios

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) clausuraron la Coordinación General de Telebachillerato de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y también desalojaron a cientos de trabajadores del ex Ineban.

Los disidentes abandonaron el campamento que mantienen desde el 8 de octubre en la plaza central para tomar rumbo a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

Llegaron al ex Ineban y dialogaron con los trabajadores administrativos, les pidieron apoyar al movimiento y sumarse al clamor por la presentación con vida de 42 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

Después les pidieron desalojar el inmueble, lo que los empleados acataron sin cuestionamientos.

Después los mentores se trasladaron a la Coordinación General de Telebachillerato, donde también dialogaron con los empleados y les pidieron que se retiraran.

Cuando los trabajadores del telebachillerato deso- cuparon el edificio, los cetegistas procedieron a declararlo clausurado y plantearon que vuelva a funcionar hasta que los desaparecidos regresen con sus familias. (Rogelio Agustín/Chilpancingo)