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Sábado , 20.10.2018 / 00:15 Hoy

Ofrece Peña "fiscalía"; piden los padres "unidad especial"

Analizarán la PGR, Gobernación y la cancillería las ocho exigencias presentadas al Ejecutivo.

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Durante la reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la PGR crear una fiscalía especial para la búsqueda de personas desaparecidas, propuesta que fue rechazada por los familiares al asegurar que ellos quieren una unidad de investigación.

El presidente dejó en claro que la investigación sigue abierta, el caso nunca se ha cerrado y que "no habrá carpetazo".

"Estamos del mismo lado y trabajamos con el mismo objetivo: saber qué sucedió con sus hijos y castigar a todos y cada uno de los responsables. Busquemos juntos la verdad", expresó el jefe del Ejecutivo durante el encuentro privado que duró cerca de 3 horas.

Por su parte, los padres entregaron un documento con ocho puntos, a lo que el Presidente instruyó a las secretarías de Gobernación de Relaciones Exteriores, así como a la Procuraduría General de la República que analicen la viabilidad de cada uno de esos puntos.

Al término de la reunión, en el Club Naval Norte, el vocero Eduardo Sánchez informó que el Ejecutivo se comprometió a seguirlos escuchando, dialogar y reafirmó la voluntad y buena fe del gobierno de la República para esclarecer los hechos de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

En conferencia de prensa, comentó que durante la reunión el presidente Peña Nieto giró instrucciones a sus colaboradores:

Primero, investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la averiguación, reiterando que la investigación "no se ha cerrado y llegará adónde tenga que llegar".

Segundo, incorporar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el grupo de expertos de la CIDH.

Tercero, se deberán continuar los trabajos para saber qué fue lo que pasó, de manera individual, con cada uno de los desaparecidos.

Cuarto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse de que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas, y se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de septiembre de 2014.

Quinto, atendiendo a la recomendación del grupo de expertos, la PGR deberá integrar un equipo de peritos, del más alto nivel, para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula. En este equipo de peritos, desde luego podrá participar, si así lo aceptara, el doctor José Torero.

Sexto, ordenó la creación, dentro de la PGR, de una fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, se le preguntó al vocero sobre los 10 puntos de la minuta que se firmó en octubre del año pasado, al respecto, respondió que "han sido puntualmente seguidos por cada una de las instancias del gobierno de la República que han tenido que ver con ello, y desde luego que se ha dado cabal cumplimiento a cada uno de sus puntos, e insisto, mi trabajo aquí es brindarles a ustedes información y no una apreciación que un servidor de ustedes haya tenido en lo personal".

Conferencia en el Zócalo

En conferencia, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia, enfatizó que "de manera unilateral" el Ejecutivo propuso seis compromisos y de los ocho puntos que los padres de familia presentaron "no se comprometió al cumplimiento de ninguno".

Además de pedir como garantía que el Presidente se comprometa a estar de lado de la verdad y que el grupo de expertos continúe su labor hasta que haya justicia; los padres pidieron el reconocimiento de la legitimidad de su búsqueda de justicia y que el caso se mantenga abierto; aceptación plena del informe de la CIDH y sus recomendaciones, que éstas se acaten, no que se analicen, y el replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional.

Además solicitaron el relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso de tecnología; atención digna e inmediata a los heridos y familiares de sus compañeros ejecutados; respeto a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y cese a los intentos de criminalización de los normalistas; la aplicación de mecanismos de comunicación permanente, digna y con respeto a derechos humanos, y por último, reconocimiento y acciones de fondo frente a la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que vive México.

En particular, Rosales enfatizó que rechazaron "totalmente" la creación de la fiscalía general, pues argumentó que el caso de los normalistas de Iguala amerita una investigación específica.

En el campamento que mantienen en el Zócalo capitalino por el ayuno que realizan, el abogado destacó que su planteamiento central en este encuentro con Peña Nieto fue la creación de una unidad especializada de investigación para este caso.

Rosales puntualizó que dicha unidad se centraría en dos instancias: la primera que se avoque a la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y, la segunda, a fincar responsabilidades a funcionarios que hicieron las investigaciones.

"El caso de Ayotzinapa amerita una investigación específica, para lo cual el planteamiento que hicieron los padres de familia es crear una unidad especializada de investigación.

"Ese era el planteamiento central y el otro era que se hiciera la búsqueda de manera inmediata concentrándola en esta unidad de búsqueda especializada que nosotros estábamos proponiendo; eso fue rechazado tajantemente y en su lugar proponen la creación de esta fiscalía, lo cual es rechazado totalmente por los padres de familia", subrayó.

Claves
Niegan agresión

* El vocero del Gobierno de la República rechazó que el Estado Mayor Presidencial haya agredido a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa durante la reunión que sostuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto.
* A través de su cuenta de Twitter escribió que “quien diga que la reunión de hoy fue “violenta” y que el Estado Mayor Presidencial agredió a los familiares de Ayotzinapa, falta a la verdad”.
* Lo anterior, en respuesta a las declaraciones de Vidulfo Rosales, abogado de los padres, quien afirmó que sus clientes fueron agredidos por el Estado Mayor.

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