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Domingo , 27.05.2018 / 07:21 Hoy

Observatorio del agua no pasó primer examen

Falta de claridad en sus funciones y capacidades y el nulo compromiso de la Comisión Nacional del Agua llevan a prórroga la discusión del ente.

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Agustín del Castillo

Los desacuerdos internos han provocado que el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, Zona Metropolitana de Guadalajara y Los Altos de Jalisco, no sea una realidad desde ayer.

Académicos y representantes sociales reclamaron las bases de operación que propuso la Secretaría General de Gobierno (SGG), tanto por el lado de cómo influirá en generar verdaderas políticas públicas que lleven a la “gestión integral del agua”, como en particular el papel de omisión que nuevamente desempeña la Comisión Nacional del Agua (Conagua), similar al de otros momentos del último año, en particular en el caso de la presa El Zapotillo, en que hizo vacío a las reuniones con los ciudadanos afectados.

Asistentes a la reunión que se desarrolló a las 11:00 de la mañana de ayer revelaron a MILENIO JALISCO los entretelones del encuentro: Carlos Sepúlveda Valle, representante de la SGG, urgió al comienzo a que se diera la discusión de un documento que la dependencia había elaborado, denominado “Propuesta de Lineamientos del Observatorio Ciudadano del Agua”; la invitación para la cita, en la rectoría de la Universidad de Guadalajara (UdeG), era expresamente una “sesión de instalación”.

Pero los asistentes cuestionaron esas prisas. Los investigadores del Iteso y de la Universidad de Guadalajara; el empresario Manuel Villagómez Rodríguez y el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Concedes), Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, reclamaron que el observatorio tuviera funciones de “atender el alcantarillado”, fijar tarifas y “enmendar la plana a la Semadet” (la secretaría estatal del ambiente, no invitada a la discusión pese a sus atribuciones en el tema), y en cambio, no desarrollaría “una verdadera gestión integral del agua”.

El comentario fue a propósito, pues la Conagua acapara casi todas las facultades como autoridad de agua en México. Pretender que el observatorio emita determinaciones vinculantes topa así con dos obstáculos: permite a las dependencias estatales y municipales cuestionarlas “de forma fundamentada” para que no se apliquen, y topa con las atribuciones de la Conagua, que con facilidad puede frenar todo lo que considere inadecuado.

En la Ley de Aguas Nacionales se establece con precisión en el artículo 3, fracción XXIX. “Gestión Integrada de los Recursos Hídricos: Proceso que promueve la gestión y desarrollo coordinado del agua, la tierra, los recursos relacionados con estos y el ambiente, con el fin de maximizar el bienestar social y económico equitativamente sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales. Dicha gestión está íntimamente vinculada con el desarrollo sustentable. Para la aplicación de esta Ley en relación con este concepto se consideran primordialmente agua y bosque”.

La justificación gubernamental es que el observatorio reproduce en cierta forma lo que es el ya vigente para transporte público; los quejosos reclamaron que no es lo mismo vigilar o regular el uso de concesiones que el de establecer políticas integrales de manejo del agua.

De este modo, hay una pausa acordada. Se reanudarán los trabajos el viernes 9 de mayo. Por lo pronto se ha integrado una nueva comisión redactora, integrada, entre otros, por académicos de las universidades citadas, Jaime Eloy Ruiz Barajas por la Fundación Cuenca Lago de Chapala Santiago, el académico Enrique Carmona y el presidente de Conredes, entre otros. Se hace el llamamiento al gobierno del estado para que integre y comprometa a la Conagua a sumarse a los trabajos.

:CLAVES

LA POLÉMICA

La propuesta de lineamiento para el observatorio ciudadano del agua plantea en su artículo 2:

“Las decisiones colegiadas a las que se refiere el artículo anterior, emitidas por el Observatorio Ciudadano, serán obligatorias para las autoridades competentes en materia de agua de jurisdicción estatal en Jalisco, quienes tendrán la obligación de atender dichas determinaciones y sólo podrán excusarse cuando exista imposibilidad para implementarlas, determinación que deberán fundar y motivar por escrito”.

A juicio de sus críticos, poner la atribución de “vinculante” a lo que determina el observatorio y luego “razonar” una negativa a cumplir sus determinaciones, es lo mismo que no hacer vinculantes sus resoluciones.

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