A contracorriente, oaxaqueñas se enfrentan a proyecto eólico

Bajo engaños, empresas despojan a comunidades indígenas de sus tierras para construir proyectos de energía, pero las mujeres se organizan y las defienden.
Elizabeth de la Cruz, integrante del Comité de Resistencia al proyecto eólico de Piedra Larga.
Elizabeth de la Cruz, integrante del Comité de Resistencia al proyecto eólico de Piedra Larga. (Greta Gómez Rico)

México

Desde 2005, la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en Oaxaca, vive hostigamiento y violencia porque la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex), subsidiaria de la empresa española Renovalia Energy, inició la instalación del parque eólico Piedra Larga, Fase I y Fase II.

Las mujeres que viven en esa comunidad son integrantes del pueblo indígena zapoteca; la mayoría, adultas mayores cuyas hijas e hijos migraron a ciudades más grandes para recibir la educación profesional que no había en su comunidad.

Casi la totalidad de esas mujeres no poseen territorio de uso social, pero trabajan el campo, apoyan al ingreso familiar, educan a la familia, apoyan en la comunidad, y cuidan a los animales y las plantas.

Algunas de ellas forman parte del Comité de Resistencia al proyecto eólico de Piedra Larga, el cual se consolidó en Unión Hidalgo luego de que Demex, proveedora de energía para la empresa Bimbo, orillara a la comunidad a rentarles sus tierras sin información y mediante engaños.

Actualmente, este comité está a la espera de que el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Segundo Circuito, en Oaxaca, dicte sentencia a favor de la anulación de los contratos que las y los comuneros firmaron con la empresa.

HOSTIGAMIENTO Y DESPOJO

Una de las integrantes de ese comité, Elizabeth de la Cruz, de 54 años de edad, relató a Cimacnoticias que ella nunca estuvo de acuerdo con vender su territorio, pero representantes de la empresa Demex hostigaron a su familia afuera de la escuela, de su casa, y su negocio, para que les rentaran un pedazo de la tierra comunal que estaba a su nombre.

Los representantes de la empresa mintieron a la comunidad. Les dijeron que el resto de las y los comuneros ya habían firmado, que tendrían grandes ganancias económicas y que incluso podrían seguir usando sus tierras, lo que a la postre no sucedió. Además no les dijeron que el arrendamiento de las tierras sería por 30 años, con oportunidad de renovarse automáticamente por otras tres décadas.

De 2006 a 2011 muchas familias de Unión Hidalgo, como la de Elizabeth, se vieron obligadas por la presión de la empresa a firmar los contratos de arrendamiento, pero lo hicieron a título individual —como lo pidió Demex— sin considerar que la tierra es de propiedad social, lo que significa que los contratos no son válidos.

De acuerdo con Elizabeth, desde que llegó Demex obstruyeron los caminos hacia sus tierras de cultivo; contaminaron su territorio con el aceite que sueltan los aerogeneradores; y el cemento que se enclavó en las tierras disminuyó la productividad del campo y dañó la economía local.

Los hechos violentos constan incluso en dos denuncias penales que se presentaron en 2011 ante la Fiscalía de Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social, de Oaxaca, por agresión física contra dos mujeres de la comunidad que se opusieron al parque.

Desde entonces, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) acompaña este proceso y consiguió que la Defensoría del Pueblo de Oaxaca estuviera al tanto de los ataques, que en ese mismo año otorgara medidas cautelares a favor de varias personas del Comité de Resistencia, y que en 2014 ampliara estas medidas para toda la comunidad.

LA RESISTENCIA

En 2011, mujeres y hombres de Unión Hidalgo que están en desacuerdo con que la empresa siga desarrollando el parque eólico formaron el Comité de Resistencia contra el proyecto de Piedra Larga.

Una de sus integrantes, Guadalupe Ramírez, de origen zapoteco, relató en entrevista: “No creo que mis compañeras o compañeros supieran exactamente qué beneficios les iba a traer el contrato o qué perjuicios. Nosotros firmamos porque esos mismos de las empresas nos visitaban y nuestra gente, nuestra comunidad son personas muy confiadas”.

Al darse cuenta de que la empresa omitió informar sobre el tiempo de arrendamiento, el régimen agrario de la tierra y los impactos negativos que traería la construcción de un parque eólico, las y los comuneros organizados se reunieron con representantes de DEMEX para pedir la anulación de sus contratos, pero la empresa se negó; luego decidieron acudir al gobierno de Oaxaca, no obstante nunca los recibieron.

“Muchas mujeres me dicen ‘yo quisiera seguir en esto, pero no puedo’, mujeres que tienen hijos, y ahí es donde se aprovecha el gobierno y las empresas trasnacionales, viendo la necesidad de las compañeras”, agregó Guadalupe.

DEMEX continuó la construcción del parque eólico afectando incluso el territorio de algunas mujeres que se oponían al proyecto, dijo Guadalupe; mientras, las y los comuneros continuaron participando en asambleas, en manifestaciones y en la visita a otras comunidades para informar y buscar apoyo.

En junio de 2013, Unión Hidalgo, acompañado de ProDESC, interpuso una demanda agraria en contra de Demex ante el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, en la que solicitó que se declarare la nulidad de los contratos que celebraron con la empresa.

De acuerdo con ProDESC, la empresa violó el derecho a la libre determinación de la comunidad indígena; a la tierra, territorio y bienes naturales; a la consulta y al consentimiento previo, libre, informado, culturalmente adecuado y de buena fe; a un medio ambiente sano; a la no discriminación y a la igualdad de protección de la ley.

La coordinadora del área de Procesos Organizativos de ProDESC, Norma Iris Cacho Niño, explicó en entrevista que actualmente las empresas trasnacionales buscan comprar o rentar la tierra y cuando eso ocurre las negociaciones son entre los varones que son dueños de las empresas y de la tierra; mientras, las mujeres, como grupo social, quedan relegadas de esa negociación, porque ellas no tienen certificados agrarios.

Para la especialista, si el Tribunal Agrario dicta una sentencia favorable para la comunidad hará que el proceso de defensa en el que participan las mujeres de Unión Hidalgo pueda permanecer y sistematizarse y que otras mujeres aprendan el significado de enfrentarse a una trasnacional para pelear la tierra y eso las coloca en otro estatus en la comunidad.

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