Gobierno falló en afrontar crisis de derechos humanos: AI

Amnistía Internacional señalo que lo ocurrido a los 43 normalistas de Ayotzinapa se trata de un crimen de Estado pues hubo negligencia del gobierno en investigaciones previas contra Abarca.
El procurador durante la conferencia de prensa.
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

El anunció de este viernes del procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sobre lo que sucedió a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero demuestra fallas del gobierno mexicano para hacer frente a la crisis de derechos humanos del país.

De acuerdo con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, el procurador falló en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado, pues olvidó mencionar la negligencia y complicidad del gobierno en la investigación de una serie de denuncias previas contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

"Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia".

En un reporte publicado en su página de internet, el organismo señaló que las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales han sido limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado.

Asimismo enumeraron las omisiones de la justicia que pudieron evitar lo ocurrido en Iguala. En primer lugar mencionaron que Abarca fue sospecho de corrupción y otros delitos graves. Según el testimonio de un sobreviviente a un ataque a ocho activistas en junio de 2013, en el que murieron tres personas, el ex alcalde estuvo involucrado directamente en los asesinatos.

El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la complicidad de la policía. Sin embargo, el fiscal de Estado no realizó ninguna investigación y a pesar de la evidencia, la indagatoria fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.

En diciembre de 2011 las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios, policías federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.

"Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llega demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", reitero Erika Guevara.

Amnistía Internacional lamentó que las acciones del presidente Enrique Peña Nieto no sean congruentes con sus compromisos, pues el gobierno no ha aceptado la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además su gira al Foro de Cooperación Económica demuestra poco interés para hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.

"Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos", concluyó Guevara Rosas.