A 24 días, ni rastro de los normalistas

Policía Federal y Ejército asumirán el control de 12 municipios guerrerenses y uno del Edomex por presuntos vínculos de policías con Guerreros Unidos.
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad.
Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, y Monte Alejandro Rubido, comisionado Nacional de Seguridad. (Ivan Stephens/Cuartoscuro)

México

A 24 días de la desaparición en Iguala de 43 normalistas de Ayotzinapa y a pesar del despliegue de equipos de inteligencia, aeronaves y laboratorios móviles de las fuerzas federales en cuevas, pozos, cerros, túneles, ríos, cañadas, presas y lagunas, el gobierno federal continúa sin rastro de los estudiantes.

Como parte de esta investigación, la Policía Federal y el Ejército asumirán el control de la seguridad de 12 municipios de Guerrero y uno del Estado de México, debido a que se presume que los uniformados tienen relación con Guerreros Unidos, grupo responsable de la desaparición de los jóvenes.

También se detuvo, con fines de presentación, al síndico administrativo de Iguala, Óscar Chávez Pineda, quien fue nombrado encargado de despacho de esa localidad, luego de la huida del alcalde José Luis Abarca Velázquez en septiembre pasado.

Durante un mensaje para dar a conocer los avances de la pesquisa, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García, informó que han desplegado “un número significativo” de elementos de todas las instituciones de las fuerzas federales para localizar a los estudiantes de Ayotzinapa.

A ese despliegue se suma la presencia de 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, tres aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles.

Acompañado del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y del director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, el comisionado dio un corte de lo realizado para encontrar a los normalistas.

APOYO DE CIDH Y CRUZ ROJA

Explicó que se han efectuado casi 500 recorridos de búsqueda y patrullaje, así como poco más de 70 vuelos de reconocimiento; las acciones incluyen la revisión de cuevas, pozos, cerros, cañadas, túneles, minas, ríos, lagunas y presas, en zonas urbanas y rurales.

Indicó que han establecido contacto con el Comité Internacional de la Cruz Roja y privilegiado la cercanía con familiares de los desaparecidos; de igual manera, a petición de las familias, se permitió la colaboración de peritos argentinos para que participen en los análisis que se realizan a los restos ubicados en fosas clandestinas.

“De esta manera se han atendido todas las líneas derivadas de las investigaciones, así como todos los señalamientos que han hecho familiares, compañeros y amigos de los estudiantes desaparecidos. Como parte de ello, informó que se revisarán de manera exhaustiva todas las muestras y perfiles genéticos que se han recabado como parte de las investigaciones, como se ha señalado, junto con los peritos argentinos”, dijo Rubido García.

México, abundó, solicitó formalmente la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares que están en marcha para proteger a todas las víctimas.

Rubido subrayó que las dependencias del gobierno federal elaboraron una propuesta de plan de atención a víctimas, el cual cumple con los estándares internacionales de derechos humanos; éste fue enviado a los representantes y familiares de los estudiantes.

Detalló que se acreditó a los representantes y familiares de los estudiantes para que tengan acceso a la averiguación previa que integra la Procuraduría General de la República y colaboren en la indagatoria.

“SITUACIONES IRREGULARES”

El comisionado señaló que detectaron “situaciones irregulares” en las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el municipio limítrofe de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, lo que permite presumir nexos entre agentes de Seguridad Pública de dicho orden e  integrantes de la delincuencia organizada.

Además de lo que ya se había establecido en los municipios de Iguala y Cocula, la Policía Federal y el Ejército asumirán las tareas de seguridad pública de los municipios de Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala, en Guerrero, así como en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Los policías municipales serán trasladados a la sexta región militar, en  Mazaquiahuac, Tlaxcala, para practicarles los exámenes de control de confianza y hacer la valoración respectiva de su actuación y de su responsabilidad.

“Por su parte, el Estado mexicano ha resguardado las armas  de dichas corporaciones con el objetivo de llevar a cabo una revisión puntual de las licencias colectivas, efectuar las pruebas de balística y ponerlas a disposición  de la PGR con el fin de corroborar su posible uso en actos ilícitos”, agregó Rubido.

El comisionado finalizó diciendo que el gobierno federal llevará a cabo todas las acciones necesarias que permitan la localización de los estudiantes.

REUNIÓN CON SEDENA

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional convocó a una reunión “muy privada” al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, para que informe lo que el Ejército sabe del caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y la situación de violencia en Tierra Caliente, a raíz del hallazgo de fosas en diferentes partes de Guerrero.

Así lo dio a conocer el senador perredista Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, quien dijo que confían en que durante la reunión con el general secretario, el alto mando del Ejército mexicano aporte datos de inteligencia.

Asimismo, dijo que diputados y senadores se volverán a reunir a más tardar la próxima semana con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador Jesús Murillo.




[Dé clic sobre la imagen para ampliar]