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Lunes , 15.10.2018 / 14:47 Hoy

México reconoce desafío en derechos humanos

Luego de que Human Rights Watch dijo que ha pocos avances en la materia, el gobierno mexicano reconoció que hay desafios, pero también, afirmó, que se han implementado acciones.

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Luego de que la organización Human Rights Watch dijo que en México no ha habido avances en el castigo a miembros de las fuerzas armadas por violaciones a los derechos humanos, el gobierno mexicano reconoció que hay importantes desafíos en la materia, pero hay acciones concretas para enfrentar problemas como la desaparición de personas, la tortura, el uso de la fuerza del Ejército, así como la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Agregó hay mecanismos para investigar y sancionar a los responsables de casos como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa y los asesinatos de civiles presuntamente por elementos de las fuerzas del orden en Tanhuato y Tlatlaya.

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Luego de la difusión del informe anual, Human Rights Watch y su apartado sobre México, el gobierno reiteró su “compromiso inquebrantable de garantizar la protección de los derechos humanos”.

En un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, se indicó “que existen desafíos importantes para alcanzar ese objetivo (garantizar el goce efectivo de los derechos humanos), por diversos factores internos y externos a nuestro país. No obstante, se subraya que se han emprendido acciones concretas para hacer frente a todos y cada uno de estos retos”.

México “agradece el interés de Human Rights Watch por el respeto a los derechos humanos en todo el mundo y reconoce las observaciones tanto de ésta como de otras organizaciones de la sociedad civil, reiterando el compromiso institucional, irrestricto e ineludible, por continuar trabajando en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos”.

Destacó que ya entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que en el caso Ayotzinapa “el Estado mexicano está plenamente comprometido con el esclarecimiento” mediante la continuidad de las investigaciones, la sanción de los responsables y la protección los derechos de las víctimas.

Además, en ese expediente, se asegura que 95 por ciento de las 941 peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) “han sido abordadas de manera efectiva”.

Las dependencias indicaron que “se reitera el sólido compromiso de esclarecimiento y la sanción a los responsables de los hechos en el caso Tanhuato, para el que se cuenta con investigaciones, personas detenidas y procesadas. Existe el compromiso total con la reparación a las víctimas y la no repetición de sucesos similares”.

Del caso Tlatlaya, el gobierno señala que se llevaron a cabo las investigaciones por parte de la autoridad ministerial y con plenitud de autonomía, el Poder Judicial Federal resolvió conforme a derecho sobre el particular, respetando y garantizando los derechos humanos de los inculpados, víctimas u ofendidos.

También afirmó que se ha regulado el uso de la fuerza en todos los niveles, lo cual ha redundado en la reducción del 76 por ciento en las quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el Ejército, en comparación con 2012, el último año de la administración pasada. Además destaca que las Fuerzas Armadas continúan siendo las instituciones de mayor prestigio en la opinión pública mexicana. También citó la creación de unidades especializadas de la PGR para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos.

El Estado mexicano expresó su rechazo y condena a la tortura y planteó que ya existe una ley general en la materia, vigente desde junio de 2017. Asimismo destacó el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

Para la administración federal, el nuevo sistema de justicia penal da mayor agilidad y perspectiva de derechos humanos a los procesos judiciales y es un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia.

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Sobre la violencia de género, doméstica y sexual, las dependencias aseguraron que hay normas y programas con perspectiva de género, destacando la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal. La Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005que garantiza el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción del embarazo en los casos de víctimas de violación sexual, en todo el territorio.

Sobre la migración, se señaló que “México continúa esforzándose para fortalecer las capacidades institucionales que aseguren su protección” especialmente de niños, niñas y adolescentes y solicitantes de refugio y que en los últimos cuatro años, se otorgó la condición de refugiado a seis mil 473 personas y se otorgó protección complementaria a mil 657. Mientras se avanza en la protección de los derechos de las personas LGBTI, buscando eliminar la discriminación y violencia de que son víctimas, así como en la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad.


AJE

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