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Sábado , 15.12.2018 / 06:08 Hoy

Margarita no se librará de la ficha criminal

Aunque regresen el dinero que les reclaman, la ex munícipe y sus coacusados quedarán con antecedentes delictivos.

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Aunque devuelvan los 8 millones 207 mil 546 pesos que les reclama el municipio de Monterrey, la ex alcaldesa Margarita Alicia Arellanes Cervantes y sus coacusados deberán enfrentar el juicio que les iniciaron, porque los delitos que les atribuyen son graves, y si llegan a recibir una sentencia condenatoria que quede firme, podrían evitar pisar la cárcel, pero no los registros que los marcarían con antecedentes criminales.

Arellanes Cervantes y sus ex colaboradores: Irasema Arriaga Belmont, Jesús Hurtado Rodríguez, Julián Hernández Santillán, Alejandra Rodríguez Guerra y José Francisco de la Cruz Suárez, son considerados probables responsables del delito de ejercicio abusivo de funciones públicas.

Mientras que los ex integrantes de la Comisión de Adquisición de Monterrey, David Rex Ochoa Pérez, Arturo Pezina Cruz, Luis Ángel Torres Garza y Aldo Ariel Cepeda López, enfrentan el delito indebido de funciones públicas.

De acuerdo a los conocedores de la materia, esos ilícitos son graves, porque contemplan una pena de 2 a 12 años de prisión, de acuerdo al Código Penal; y una inhabilitación para ejercer cargos públicos, también de 2 a 12 años.

Todos coinciden en que la pena mínima que podrían recibir los ex funcionarios es de dos años de prisión, por lo que tendrían que cumplir, en determinado momento, con el trámite correspondiente a la ficha.

Agregaron que con la devolución de la suma que reclama la actual administración municipal, Margarita Alicia Arellanes y sus ex colaboradores sólo evitarían la sanción por el pago de la reparación del daño, y al final podrían gozar de un beneficio para evitar su encarcelamiento.

Durante la audiencia de vinculación, la ex alcaldesa y su abogado aseguraron que han tratado de llegar a un acuerdo con las autoridades para la devolución del dinero que todavía está en poder del abogado Roberto Martínez Rodríguez, con quien firmaron un contrato de prestación de servicios legales.

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