Solo 9 estados homologaron leyes de transparencia: INAI

Ximena Puente, presidenta del INAI, llamó a los congresos locales faltantes a cumplir en tiempo y forma con esa obligación; la fecha límite es el 5 de mayo.
Ximena Puente durante la firma de un convenio de colaboración en materia de transparencia con la Cámara de Diputados.
Ximena Puente durante la firma de un convenio de colaboración en materia de transparencia con la Cámara de Diputados. (Tomada de Twitter / @XimenaPuente )

Ciudad de México

Apenas nueve de las 32 entidades federativas han homologado sus respectivos ordenamientos locales con la Ley General de Transparencia, a tan solo 17 días de vencer el plazo de un año para dicho efecto.

Así lo confirmó la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), Ximena Puente, quien llamó a los congresos locales faltantes a cumplir en tiempo y forma con esa obligación.

Entrevistada al finalizar la firma de un convenio de colaboración en materia de transparencia con la Cámara de Diputados, la funcionaria reafirmó la disposición del INAI a trabajar con los estados en la armonización de sus leyes para garantizar un “piso mínimo” para el acceso a la información pública.

“Con la Ley General de Transparencia se busca garantizar un piso mínimo, independientemente de la entidad de la República, el estado o el municipio que se trate, y por eso estamos realizando los comisionados un trabajo con cada uno de los estados de la República, propiciando que cumplan el proceso de armonización que vence el plazo el 5 de mayo”, puntualizó.

Puente advirtió que la Ley General de Transparencia entrará plenamente en vigor un día después del plazo para la homologación y por ello el INAI analiza lo que procederá en los estados que para entonces no hayan cumplido la actualización.

Recordó que el órgano garante cuenta entre sus nuevas facultades con la de atraer casos relevantes de solicitudes de información presentadas a los gobiernos de estados y municipios, además de que cualquier entidad debe acreditar la llamada “prueba de daño”, en caso de rechazar alguna petición ciudadana.