Nueva ley de transparencia generará resistencias: Transparencia Mexicana

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, dijo que es positiva la ley aprobada en el Congreso, aunque reconoció que el reto ahora será su implementación.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (Tomada de Twitter / @INAImexico)

Ciudad de México

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, consideró positiva la ley de transparencia que se aprobó esta semana en el Congreso pero dijo que el reto ahora será su implementación para los sujetos obligados que son principalmente las dependencias de gobierno, los partidos y los sindicatos.

"De lo que se ha aprobado ya hay un buen marco, el reto ahora es la implementación. De verdad esto va a suponer un reto para muchas dependencias porque la exigencia es mucho mayor, el número de obligaciones de transparencia crece significativamente", dijo en entrevista con MILENIO.

Esta semana en Cámara de Diputados y el Senado se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que amplía de 122 a 260 el número de obligaciones de transparencia de autoridades, entidades y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos federales.

Por ello, Bohórquez consideró que "va a haber resistencias derivado de las nuevas obligaciones".

"Va a haber muchas dependencias que vean en esta ley una ley que les está exigiendo más. Esa es la idea, pero encontrarán difícil el reto de cumplir en el corto plazo. Vamos a ver a las dependencias con dificultades, además de los partidos políticos y los sindicatos que ya van a encontrar en esta ley un régimen que no existía para ellos. Además está el tema de la plataforma de transparencia y otro muy importante que es el tema de datos abiertos que ya se incorpora", dijo.

Dijo que este periodo de implementación será interesante por ser una ley más dura, más avanzada y más exigente que la anterior.

Para Bohórquez una característica importante de la nueva ley es que incorpora el tema energético y da nuevas obligaciones de transparencia a las empresas productivas del estado como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, transparentando el tema energético, lo que, dijo, "es crucial".

El director de Transparencia Mexicana dijo que la sociedad civil seguirá exigiendo mover los estándares y avanzar en los derechos, pero los acuerdos logrados con los legisladores para tener esta ley fueron considerables como la discusión bajo el método de parlamento abierto y los temas que se incluyeron en ella.

"Claro que como sociedad civil vamos a estar planteando que se agreguen temas, que se incorporen otros asuntos, pero creemos que con lo que se ha aprobado en este momento hay un cambio de paradigma. Nos estamos moviendo de la solicitud de documentos al tema de datos abiertos, transparencia proactiva, focalizada, de gobierno abierto, formatos abiertos. Este es un punto de inflexión de pasar de una ley de documentos a una de base de datos, formatos abiertos. Será interesante ver lo que ocurra", dijo.

Características de la ley

La ley impide a los entes públicos reservar la información en casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, así como actos de corrupción.

Entre las sanciones a los servidores públicos, dirigentes sindicales y líderes partidistas que incumplan las obligaciones de transparencia están amonestaciones públicas y multas desde 150 hasta mil 500 veces el salario mínimo.

La también prevé que la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados deberá ser pública, accesible a cualquier persona y, en su caso, solo podrá ser reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, clasificada como confidencial.

Los sindicatos deberán rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos asignados, mientras sus agremiados podrán solicitar información sobre el destino de las cuotas que aportan, el número de afiliados y los procesos de selección de sus líderes sindicales.

La ley no será retroactiva, por lo que las nuevas obligaciones en materia de transparencia serán aplicables solo respecto de la información que se genere a partir de su entrada en vigor.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) tendrá un plazo de 6 meses para definir los lineamientos que regularán las formas, términos y plazos para el cumplimiento de las nuevas obligaciones en la materia.