Al señalar que el Congreso del Estado invadió facultades de los municipios y no tomó en cuenta sus sugerencias, la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) anunció un acuerdo para interponer una controversia constitucional contra la Ley Estatal de Asentamientos Humanos.
Clara Luz Flores Carrales, ahora ex presidenta del organismo intermunicipal, enumeró una serie de puntos por los cuales ella y sus homólogos buscan dar reversa a la legislación.
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La alcaldesa manifestó que a pesar de haber hecho una serie de peticiones a los diputados locales antes de la aprobación de la ley, la mayoría no fueron previstas y otras quedaron "a medias".
Flores destacó que existen invasiones a las facultades de los municipios en cuanto a la planeación urbana, tema en el que ahora el Poder Legislativo puede intervenir.
"En el caso de esta nueva ley, determina que el Congreso también puede hacer planes en cuanto a la planeación urbana de los municipios", apuntó.
A su vez, dijo, no se garantizan las cesiones de terrenos municipales para áreas verdes ni que la figura de "áreas libres complementarias" sean espacios públicos.
Otro aspecto que les resulta "preocupante" es que se conserva el aspecto de la judicialización de las suspensiones y clausuras de obras y propiedades, lo cual, consideraron, contraviene la autonomía de los municipios.
"No se resuelve el problema que veníamos mencionando desde hace un año, de que el tema de la judicialización para las clausuras, las invasiones o la determinación de los usos del suelo diferentes al que debieran ser, los pueda ejecutar y regular el propio municipio para defender a los ciudadanos", afirmó la alcaldesa de Escobedo.
Asimismo, resaltó que quedaría coartada la libertad para crear un organismo metropolitano y asociarse entre municipios, pues ésta queda a criterio del Congreso del Estado; además de que las licencias de usos de suelo no tienen vigencia y se establecen menos requisitos de seguridad para aprobarlas.
Ello, aseguró Clara Luz Flores, aunado a que los municipios quedan impedidos para declarar zonas de conservación ambiental o preservación ecológica; además de que se permite la instalación indiscriminada de antenas telefónicas en áreas incluso residenciales y no se obliga a crear un fondo económico para obras metropolitanas.
"(La ley) viola la autonomía municipal en muchos de los aspectos.
"No estipula la posibilidad de repoblar centros, donde la densidad no va equitativa, con la posibilidad de que haya repoblación, por ejemplo, centros históricos que queremos modificar densidades", señaló.
Por su parte, Mauricio Fernández Garza, munícipe de San Pedro Garza García, insistió en que el Congreso local no los tomó en cuenta a pesar de que había consensos en las reuniones previas a la aprobación de la ley.
"Nosotros hicimos un montonal de propuestas que algunas de ellas fueron consensadas y no fueron incluidas", sentenció.
