Senado aplaza Ley de Víctimas por cambios de última hora

El borrador del dictamen tuvo 14 cambios, principalmente en los temas de ayuda, artículos transitorios y operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La presidenta de la comisión, Cristina Díaz, recordó que la discusión tiene por lo menos ocho meses, por lo que no se trata de un debate.
La presidenta de la comisión, Cristina Díaz, recordó que la discusión tiene por lo menos ocho meses, por lo que no se trata de un debate. (Twitter @Cristina_Diaz_S)

Ciudad de México

El Senado abrió un receso en la discusión de la Ley de Víctimas que se pretendía votar esta mañana, una vez que el borrador del dictamen sufrió 14 cambios de última hora en el tema de ayuda, artículos transitorios y la operación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

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Al inicio de la sesión, el senador independiente Manuel Cárdenas y el senador perredista Armando Ríos Piter pidieron que cuando menos se conociera de primera lectura los cambios hechos anoche o se abriera un receso para analizarlos en los grupos parlamentarios, toda vez que se tratara de un asunto fundamental para el país.

La presidenta de la comisión, Cristina Díaz, precisó que los cambios se centran en tres temas y recordó que la discusión tiene por lo menos ocho meses, por lo que no se trata de un debate, al subrayar que la experiencia e implementación de esta reforma, hace necesario un ajuste en el que han participado los del colectivo de víctimas.

Reconoció el tema de los desplazados al considerarlos como víctimas, al igual que a los migrantes e indígenas.

Entre los cambios, se determinó que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.

Las víctimas gozarán del derecho a ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico.

En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, "les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal".

La organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno de la CEAV estará integrada por un representante de las secretarías de Gobernación, Hacienda, SEP, Salud, así como por 3 representantes de la Asamblea Consultiva y el titular de la Comisión Ejecutiva y por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También se propone la creación de 32 comisiones estatales de atención a víctimas para obligar a los estados a resolver las demandas de apoyos con fondos locales.

En casos específicos, a petición de la CNDH, la autoridad federal o las propias víctimas, entre otros, la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV) podrá atraer casos del fuero común al ámbito federal.

Para acceder al Fondo de Apoyo, las víctimas tendrán que acreditar el uso de recursos en un plazo de 30 días, pero ahora tendrán el apoyo de un asesor.

Las víctimas contarán con "apoyos de traslados" para transportación, hospedaje y alimentación, cuando tenga que trasladarse para formular denuncia o querella; desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, ante autoridades judiciales, CNDH o comisiones estatales de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos , entre otros casos.

Se modificó la estructura de la CEAV que ya no funcionará con comisionados, sino con un presidente que tendrá funciones administrativas y contará con una Asamblea Consultiva, que será un órgano de opinión con nueve representantes de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que podrán asesorar al Comisionado

El dictamen no reconoce que haya un desplazamiento forzado interno en el país, pero establece que que el fenómeno responde "a situaciones de violencia focalizada en algunas regiones del país y patrones no sistemáticos ni generalizados de violaciones a derechos humanos, principalmente como consecuencia de la presencia y operación de grupos de la delincuencia organizada".

Por lo que toca a los desplazados, el dictamen refiere que de conformidad con los estándares internacionalmente reconocidos, contenidos en los Principios Rectores de Deng, las personas desplazadas internas son aquellas que se han visto forzadas u obligadas a salir de su hogar o residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado de situaciones de violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos, proyectos de desarrollo a gran escala que no estén justificados por un interés público superior, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera internacionalmente reconocida.

Sin embargo, en México el fenómeno de desplazamiento interno no responde a la actualización de alguno de los supuestos anteriormente señalados, y sí a situaciones de violencia focalizada en algunas regiones del país y patrones no sistemáticos ni generalizados de violaciones a derechos humanos, principalmente como consecuencia de la presencia y operación de grupos de la delincuencia organizada.

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De ahí la importancia de atender el llamado de la CNDH para considerar en la Ley General de Víctimas al Desplazamiento Interno como un hecho victímizante autónomo que representa o se deriva generalmente de una violación grave, continuada o múltiple de diversos derechos; y que, en consecuencia, amerita un tratamiento diferenciado que permita a esta población contar con medidas de ayuda y asistencia particulares que coadyuven a garantizar el ejercicio de los derechos que le hayan sido vulnerados.

"Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, estas comisiones dictaminadoras, teniendo en cuenta la complejidad de los derechos humanos que a menudo se ven afectados o se encentran en riesgo a consecuencia del fenómeno de desplazamiento interno, concluimos que resulta procedente que la Ley General de Víctimas reconozca la necesidad de atender y proteger, a partir de un enfoque diferencial, los derechos de las víctimas de tal fenómeno".

FLC