Senado da periodo de gracia al Congreso para rendición de cuentas

Durante la discusión de la Ley de Transparencia, la Mesa Directiva informó que se acordó que las cámaras tienen hasta el 30 de agosto para aprobar un programa de organización administrativo.
Con cuatro horas de retraso el Senado inició la discusión de la Ley General de Transparencia.
Con cuatro horas de retraso el Senado inició la discusión de la Ley General de Transparencia. (Tomada de Twitter / ‏@Cristina_Diaz_S )

Ciudad de México

Con cuatro horas de retraso y con cambios de última hora, el Senado inició la discusión de la Ley General de Transparencia, en la que modificó el dictamen presentado el jueves pasado para ajustar los tiempos de aplicación de esta norma.

En tribuna la Mesa Directiva dio cuenta de un acuerdo con la Junta de Coordinación Política para determinar que cada cámara aprobará a mas tardar el 30 de agosto de 2015 un programa de organización administrativo que deberá comprender, al menos, las normas y criterios para la homologación programática, presupuestal, contable y organizacional de los grupos parlamentarios.

Así como las obligaciones de las cámaras y de los grupos parlamentarios en cuanto a sujetos obligados respecto a los recursos que a través de estos se asigna a los legisladores.

Aunque hasta ayer las comisiones habían acordado que no habría modificaciones, se hicieron estas modificaciones que incluyen también el tratamiento fiscal y presupuestal de los ingresos, prestaciones, apoyos y recursos que reciben los legisladores, incluidas las dietas.

Al posicionar en tribuna los senadores Pablo Escudero, Alejandro encinas, y Cristina Díaz hicieron notar las coincidencias que se alcanzaron.

Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción, dijo que seguramente será una ley perfectible pero esta reforma se hizo pensando en los ciudadanos, la transparencia, la rendición de cuentas, el derecho, la legalidad y la racionalidad constitucional.

A su vez Cristina Díaz subrayó que habrá una rendición de cuentas con pleno respeto y se pronuncio por que haya una aplicación puntual de la ley y que la transparencia en México sea una realidad

En tanto Encinas hizo notar que en el caso de los derechos humanos habrá que esperar las resoluciones que adopte la Corte no obstante queda salvaguardado que haya transparencia en casos de violaciones a las garantías individuales y todavía falta discutir el sistema anticorrupción.  

La Ley General de Transparencia dota de nuevas facultades al Instituto Federal de Accesos a la Información (IFAI) para obligar a que gobiernos federal y locales, congresos, sindicatos, partidos, fideicomisos, órganos autónomos y sindicatos transparenten la información de sus ejercicios.

Mientras la Corte dicte sentencia sobre la Controversia de quién puede abrir la información relativa a violaciones graves de derechos humanos, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el IFAI podrá seguir ordenando que se publiciten averiguaciones al respecto.

El artículo 5 determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.

Incluye un capítulo que obliga también a particulares que ejercen recursos públicos a transparentar su información.

Aquí, se determinó que los privados serán sancionados desde apercibimientos y multas que van de los 3,600 pesos hasta los 100 mil pesos y, en caso de la comisión de un delito, se presentará la denuncia de hechos ante la autoridad competente.

En el dictamen elaborado por las comisiones dictaminadoras de Anticorrupción, Estudios Legislativos y Gobernación se subraya que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.