En un hecho sin precedentes grupos de trabajo y expertos de la ONU han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que hoy se subirá al pleno del Senado, y advirtieron que "dar a las fuerzas armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos".
A los especialistas en derechos humanos les preocupa que "el Proyecto de Ley otorgue a las fuerzas armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles".
Además, consideraron que "el Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos".
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"No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público", señalaron.
El grupo señaló que "el creciente papel de las fuerzas armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las fuerzas armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad".
Reiteraron que el proyecto de ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta.
Para los expertos es muy alarmante que "una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales".
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El grupo de expertos está consciente del enorme desafío que enfrenta México en materia de seguridad, por eso considera que cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad.
Dijeron que también deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
Además, recordaron que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las fuerzas armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las fuerzas armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
En particular, el grupo recordó al gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las fuerzas armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública.
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Remarcaron que esa recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
Los expertos y expertas han estado en contacto con el gobierno de México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecieron la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.
El mensaje fue firmado por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
Además de Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Pablo de Greiff, relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
