Senado da luz verde a ley de delitos electorales

El dictamen contempla sanciones para votantes que sufraguen sabiendo que no cumplen con los requisitos; tras la discusión se cerró el periodo ordinario de sesiones.
Los cordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado, junto por el presidente de la Mesa Directiva al concluir el periodo ordinario de sesiones.
Los cordinadores del PRI, PAN y PRD en el Senado, junto por el presidente de la Mesa Directiva al concluir el periodo ordinario de sesiones. (Tomada de Twitter | @SenBarbosa)

Ciudad de México

El Senado aprobó por unanimidad con 103 votos la Ley General de Delitos Electorales, que será la única reforma político-electoral votada en el periodo ordinario de sesiones que concluye el día de hoy.

En el dictamen se destaca que la mayor parte de los delitos electorales no responden a las condiciones con las que actualmente se desarrollan los comicios en el país, por ello su importancia radica en que actualizan los delitos que no se habían modificado en los últimos 17 años.

"Por lo que en la actualidad varias de las conductas ahí descritas son obsoletas, requieren de actualización y no responden a las necesidades sociales vigentes que el país requiere para tener elecciones transparentes y en igualdad de condiciones".

La reforma consta de 26 artículos y establece que el Ministerio Público en todos los casos procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta ley.

Tratándose de servidores públicos se les impondrá además de la sanción penal correspondiente la inhabilitación para ocupar un empleo en el servicio público federal o local.

Las penas previstas en los títulos de esta ley se aplicarán con independencia de la sanción establecida para los tipos penales. Se impondrán de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien vote a sabiendas que no cumple con los requisitos, a quien sufrague más de una vez en la misma elección, a quien haga proselitismo o presione objetivamente al electorado el día de los comicios en el interior de la casilla o donde los votantes estén formados.

También a quien obstaculice o interfiera el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio y cómputo o a quien introduzca o sustraiga una o más boletas.

Se impondrá de 50 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años al funcionario electoral que altere, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al padrón o lista de electores.

De 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años al funcionario partidista o candidato que divulgue de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o de sus resultados; se abstenga de rendir cuentas o realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o gastos de eventos proselitistas de campaña de algún partido, coalición o agrupación política.

Asimismo a quien durante la etapa de preparación de la elección solicite votos por paga, promesa de dinero, recompensa o cualquier otra contraprestación.

De 200 a 400 días de multa y prisión de uno a nueve años a quien, sin estar autorizado, enajene, grabe o done los bienes o inmuebles que sean patrimonio de un partido.

Entre las multas más severas se incluye imponer de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que condicione la prestación de programa gubernamentales; permita la utilización ilegal de fondos para apoyar a candidatos o partidos; apoye o preste algún servicio a un precandidato, instituto político o abanderado; al que solicite a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyar una campaña.

Finalmente se impondrá sanción de suspensión de sus derechos políticos hasta por seis años a quien habiendo sido electo no se presente a desempeñar el cargo en el caso previsto.

Después de la votación y de leer 18 dictámenes, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes Andrade, declaró formalmente concluido el periodo ordinario de sesiones.