Diputados aprueban ley contra la tortura

Con 315 votos a favor y 97 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley contra la Tortura, la cual estabelce penas de 10 a 20 años a quien cometa ese delito.
Aún quedan 109 casos por juicio político pendientes por resolver en la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados aprobó la ley contra la tortura. (Twitter: @Mx_Diputados)

Ciudad de México

Con 315 votos a favor y 97 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que busca erradicar estos delitos y proteger los derechos humanos.

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Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado del PRI, Armando Luna Canales, dijo que es necesario aprobar la ley contra la tortura debido a que resulta alarmante que un porcentaje importante de la población apruebe la violación a los derechos humanos de las personas, así como el empleo de medios violentos para combatir el crimen.

Aseguró que esta ley manda "un mensaje a la comunidad internacional de que México está en el camino al respeto a los derechos humanos", ya que establece que nadie, bajo ninguna circunstancia, quedará exento de responsabilidad porque se podrá sancionar a toda la cadena de mando.

Explicó también que la ley hace imprescriptible el delito de tortura para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, además de que éste se perseguirá de oficio.

Por su parte, la diputada de Morena Ernestina Godoy dijo que la ley es un gran avance en la protección de los derechos humanos; sin embargo, explicó que ésta no servirá mientras haya impunidad y las "instituciones encargadas de garantizar la seguridad e integridad de las personas sean los principales sujetos de la tortura".

La iniciativa considera que "comete el delito de tortura, el servidor público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, [la usa] como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas de discriminación o cualquier otro fin".

También quien "cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento. [Quien] realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo".

El texto, aprobado por el Senado en abril 2016, también establece penas de 10 a 20 años de prisión, y de 500 a mil días multa, al funcionario que incurra en alguna de las conductas establecidas.

La ley que consta de 96 artículos plantea el establecimiento de competencias y mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otras prácticas inhumanas.

Además, establece tipos penales, incluyendo la posibilidad de cometer el delito de tortura en grado de tentativa; también plantea sanciones al delito de tortura, y medidas específicas de reparación del daño y atención a las víctimas.

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Finalmente, estipula la obligatoriedad del protocolo de Estambul para la evaluación psicológica de los detenidos con el objetivo de determinar la existencia de tortura, así como la creación de fiscalías especializadas y la del Mecanismo Nacional de Prevención, a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Registro Nacional del Delito de Tortura.



JASR/SBG