Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la controversia constitucional que presentó Javier Corral, gobernador de Chihuahua, quien impugnó la Ley de Seguridad Interior.
Por acuerdo del ministro, se ordenó notificar a las cámaras de Diputados y Senadores, y al Poder Ejecutivo Federal, señalados como autoridades responsables en las demandas, para que rindan su informe dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores al siguiente al en que surta efectos la notificación.
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Además de la demanda promovida por el gobierno de Chihuahua, la Corte recibió controversias constitucionales presentadas por los municipios de Soltepec, en Puebla, y Morelia y Cherán, en Michoacán, también en contra de la Ley de Seguridad Interior. En el caso de estas tres últimas, no se ha dictado aún el acuerdo correspondiente.
Hasta ahora, el ministro Pardo ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados, senadores, la CNDH y el INAI, así como diez controversias constitucionales promovidas por municipios de Puebla, Chihuahua, Yucatán y el Estado de México, en las que se demanda invalidar diferentes disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, promulgada por el Presidente de la República y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del 2017.
Las controversias constitucionales interpuestas por la Ley de Seguridad Interior son: Cholula, Cuauhtémoc y Ahuatlán, de Puebla; Parral, de Chihuahua; Ocuilán, Cocotitlán y Nezahualcóyotl, del Estado de México; Hoctún, Tepakán y Oxkutzcab, de Yucatán y el gobierno de Chihuahua.
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