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Lunes , 15.10.2018 / 13:33 Hoy

Ley de seguridad interior, apegada a la Constitución

Solo norma intervención de fuerzas armadas, señala el subsecretario de Derechos Humanos.

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Pese a la controversia que ha suscitado, la Presidencia de la República tiene la convicción de que la Ley de Seguridad Interior está plenamente apegada a la constitución, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.

El funcionario aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto es sensible a los cuestionamientos que se han presentado, y esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva las controversias que se presentaron antes de emitir la primera Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.

“Si se van a resolver nuestras diferencias, el mejor espacio, desde nuestro punto de vista, es la Corte y qué bueno que sea ahí donde se resuelva”, expresó.

En entrevista con Carlos Marín para El asalto a la razón, el funcionario señaló que esta ley de ninguna manera otorga facultades adicionales, sino que se limita a normar la intervención de las fuerzas armadas.

Agregó que en los 34 artículos que la conforman se sustituye lo que se ha venido realizando a partir de una jurisprudencia y de un enunciado en la Constitución en el que se otorgan facultades plenas al Presidente para disponer de las fuerzas armadas.

Por lo que la ley mandata que antes de que se produzca la intervención de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad pública se emita una declaratoria de protección a la seguridad interior, con el objetivo de explicar las razones que justifique su presencia.

“Conviene más una intervención como la que tenemos hoy de las fuerzas armadas que se hace de manera discrecional, sin contexto legal y sin información; o conviene que estas intervenciones se hagan a partir de estas declaratorias, explicando qué es lo que tendrán que hacer y por que tienen que hacerlo”, cuestionó.

Campa recordó que a escala internacional existe una presencia de militares atendiendo emergencias, que en el caso de Europa corresponde a la amenaza del terrorismo; mientras que en México es el crimen organizado.

En este sentido, cuestionó si esta amenaza no amerita la presencia de las fuerzas armadas en algunas regiones; ya que si bien no es lo que se quisiera, existe una realidad que supone la necesidad de su participación.

Aclaró que la ley es perfectamente precisa en términos del respeto a derechos humanos para obtener información, de proporcionalidad y uso legítimo de la fuera. “En cada uno de los aspectos la ley obliga a que se respeten los derechos humanos.

Por otra parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob informó que el próximo 16 de enero entra en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada con lo que se busca combatir uno de los principales retos que enfrenta el país.

Detalló que la ley contempla dos componentes fundamentales, el primero es dotar de herramientas a los Ministerios Públicos que les permita acreditar con mayor facilidad el delito; y en segundo lugar, la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Asimismo, señaló que se trabaja en un segundo objetivo de la ley, con el que se busca enlazar todas las bases de datos que puedan facilitar la búsqueda de una persona con vida o sin vida.

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