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Miércoles , 12.12.2018 / 02:32 Hoy

Ley de Archivos podría afectar a historiadores: especialista

El presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas dijo que la ley podría dificultar el trabajo de los historiadores debido a que no se especifica el tiempo para desclasificar documentos.

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Luego de que senadores del PRI, PAN, PRD y PVEM presentaron la iniciativa de Ley General de Archivos, con la que se busca completar el círculo de reformas en materia de transparencia, el investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Alfredo Ávila cuestionó que algunas modificaciones podrían imposibilitar el trabajo de los historiadores.

El jueves pasado, durante la sesión ordinaria, las senadoras Laura Rojas y Cristina Díaz presentaron la propuesta que establece la organización y administración homogénea de los archivos en los diversos órdenes de gobierno.

De acuerdo con el proyecto, solamente se protegerá la confidencialidad de los datos sensibles y únicamente podrán reservarse "los documentos por razones de seguridad nacional o de interés público, que se encuentren en archivos de trámite o de concentración".

La iniciativa trabajada durante dos años prevé que los archivos históricos no estarán sujetos a las leyes de acceso a la información pública ni de datos personales, "sino que serán de consulta irrestricta".

En entrevista con Milenio, el también presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas señaló que, a pesar de que hacía falta una iniciativa de este tipo, los archivos históricos no pueden calificarse como confidenciales o reservados por ninguna razón.

Recordó que ya habido experiencia en los últimos años de documentos que de repente se entregan con nombres o datos personales tachados "y eso imposibilita el trabajo de los historiadores, pues su trabajo es contribuir a la construcción de una memoria nacional y social".

La iniciativa determina como sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, partidos políticos, fideicomisos, y fondos públicos en los ámbitos federal, local y municipal.

Así como cualquier persona física o moral, incluyendo sindicatos, que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

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El especialista se dijo "preocupado" porque el Consejo Nacional y el Técnico de Archivos sean políticos, debido a que está integrado por funcionarios públicos "no estoy tan seguro de que les interese demasiado el tema de los archivos que es algo prioritario para ellos y en todo caso, uno tiene la impresión de que queremos construir una memoria nacional que sea plural, democrática, tendríamos que pensar en un consejo técnico que sea más académico que uno político".

Asimismo, mencionó que otra inquietud es que el Archivo Nacional de la Nación y el Sistema Nacional de Archivos quede subordinado a la Secretaría de Gobernación y "me parece preocupante porque creo que es dar un paso atrás si consideramos que la Ley Federal de Archivos no están sectorizados en Gobernación.

Recordó que en los países democráticos los Archivos Generales dependen de los ministerios de cultura, educación o son autónomos, "sólo los autoritarios mantienen a sus archivos subordinados a ministerios del interior o de Gobernación. Y países como Cuba, que también es comunista, su Archivo General también depende del Ministerio de Cultura y países con regímenes muy autoritarios como Rusia, también depende del Ministerio de Cultura, entonces, el mantener el Archivo General mexicano bajo la secretaría de Gobernación haría un caso muy extraño en el mundo".

También calificó como "extraño" que no se hayan considerando tiempos límites para que los documentos sean transferidos a archivos históricos, porque en la mayoría de los países se establece que los documentos, habitualmente, cuando se cumple un cierto número de años de haber sido producidos, pasan automáticamente a una comisión que determina cuales se deben conservar y cuáles no, y se transfieren a los archivos históricos .

"Me parece preocupante y extraño que en el proyecto de ley que se presentó el jueves no se establezcan estos plazos", agregó.

De acuerdo con el proyecto será sancionado con pena de tres a diez años de prisión y multa de tres mil hasta el valor del daño causado, a la persona que destruya documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, alojados en algún archivo, que así hayan sido declarados previamente por autoridad competente.

Asimismo, prevé sanciones administrativas que van de de los 10 a los mil 500 Unidades de Medida.

Se protegerá la confidencialidad de los datos sensibles y únicamente podrán reservarse los documentos por razones de seguridad nacional o de interés de público, que se encuentren en archivos de trámite o de concentración.

La iniciativa contiene un paquete de sanciones penales que pueden llegar hasta la privación de la libertad, para quienes sustraigan, oculten, alteren, mutilen, destruyan o inutilicen, total o parcialmente sin causa justificada, información y documentos de los archivos que se encuentre bajo su resguardo.

Al igual para quien transfieran la propiedad o posesión, transporte o reproduzca, sin el permiso correspondiente, un documento considerado patrimonio documental de la Nación.

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