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La postura sobre uso de la mota, la próxima semana: Peña

Anuncia que ya alista líneas de acción en la materia y que la canciller Claudia Ruiz Massieu presentará el pronunciamiento de México en la sesión especial de la ONU sobre las drogas.

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El presidente Enrique Peña Nieto informó que será él quien dé a conocer el posicionamiento de México sobre el uso de la mariguana, además de que la próxima semana presentará algunas líneas de acción en la materia.

Sin embargo, reiteró que será la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, quien acudirá en representación de México a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las drogas (Ungass, por sus siglas en inglés), para fijar la posición de nuestro país.

“No puedo adelantar la posición, porque la habré de fijar la próxima semana. El gobierno claramente apuntó que habríamos de convocar, como se hizo, a distintos foros de consulta con la participación de representantes de la sociedad mexicana, lo cual nos lleva finalmente a tener un punto de posicionamiento que habré de fijar la próxima semana” explicó.

Peña Nieto sostuvo que “de ninguna manera nos exceptúa, nos hace omisos o impide que tengamos presencia en ese foro de Naciones Unidas. Hay que decirlo, México estará presente en ese foro, y quien estará llevando la voz de México y el posicionamiento de México en esa materia será la canciller Claudia Ruiz Massieu”.

En lo personal, abundó el Presidente, “en el curso de la próxima semana estaré fijando, en congruencia con este posicionamiento, algunas líneas de acción que eventualmente estaremos impulsando en esta materia.

PROPUESTA PRELIMINAR

México propondrá ante la sesión de la Ungass 2016 que los 190 países miembros garanticen que su población tenga acceso a cualquier droga, incluyendo los opiáceos, con fines médicos y científicos.

En un documento preliminar, México plantea la creación de un diseño de implementación regulatoria, financiera, educacional y administrativa que garantice la disponibilidad y acceso a las sustancias, aunque señala claramente que debe ser con mecanismos de control.

También insta a los estados miembros a apoyar la investigación y el desarrollo de las pruebas científicas, ya no de consumo de drogas, sino del abuso, dependencia y los daños que ocasionan a la salud.

La finalidad es incentivar el intercambio de información y mejores prácticas para generar redes de alerta temprana y enfoques legislativos innovadores que contribuyan a la reducción de la demanda.

Como parte de la estrategia, México hará un llamado a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) para apoyar a los gobiernos en el desarrollo de evaluaciones y programas para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y oferta suficiente de estas sustancias controladas, y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) pedirá que garantice que las listas de medicamentos sean flexibles y se actualicen constantemente.

Otro de los elementos que se contemplan es impulsar iniciativas de control químico que eviten que las sustancias se desvíen hacia la producción ilícita de drogas, así como de nuevas sustancias psicotrópicas.

“Estos podrían incluir la cooperación internacional en las investigaciones, intercambio de información y la notificación previa a la exportación y consultas estrechas con las industrias de mayor relevancia”, señala el documento.

MÉTODOS ALTERNATIVOS

Como parte de la propuesta, México también contempla la necesidad de considerar que la reducción del consumo, cultivo y producción de drogas debe ser atendida con políticas de desarrollo alternativo que estén orientadas en fortalecer a la sociedad y diversificar su actividad económica.

Destaca la importancia de que el Sistema de Justicia Penal se apegue al principio de proporcionalidad, considerando penas alternativas al encarcelamiento para los narcomenudistas.

Ante este escenario, México propone a los estados miembros de la ONU promover una cultura de la legalidad, que se convierta en fuerte incentivo para la reducción del crimen y sus consecuencias.

“Entre las acciones que podrían ser consideradas están las políticas centradas en los fenómenos específicos, tales como bandas, y el refuerzo de los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas”.

También considera fundamental que las políticas de justicia criminal incluyan una perspectiva de salud pública y derechos humanos que permitan una reinserción social integral de los infractores.

Un elemento fundamental del documento es la perspectiva de salud y derechos humanos, que contempla la necesidad de que los estados garanticen a los adictos el acceso a tratamientos de rehabilitación.

Además plantea la necesidad de atender el problema desde una perspectiva de género, así como considerar las necesidades específicas de los jóvenes y de la población vulnerable ante el problema de las drogas.

Sin embargo, reconoce que los retos que se tienen en el tema de las drogas y la delincuencia a escala nacional, en muchos casos no todos los enfoques o políticas resultan efectivos para todos los países.

El documento busca reflejar los puntos de convergencia que se han tenido a partir de los debates que se realizaron en la Comisión de Estupefacientes en Viena, a modo de preparación hacía la Ungass 2016.

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