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Jueves , 21.06.2018 / 15:36 Hoy

La iniciativa ciudadana, debilitada

Esta iniciativa es parte del combate a la corrupción que ha emprendido la sociedad mexicana, que buscaba hacer pública la información patrimonial, fiscal y posibles conflictos de interés de los servidores.

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Daniela García

La ley 3de3, propuesta por las organizaciones civiles y cámaras empresariales de todo el país, fue aprobada por la Cámara de Senadores con modificaciones a lo que originalmente planteó la ciudadanía mexicana, principalmente el acceso a la información de los servidores públicos.

Esta iniciativa, que no solo fue presentada por representantes civiles en todo el país, sino apoyada por más de 634 mil mexicanos a nivel nacional, es parte del combate a la corrupción que ha emprendido la sociedad mexicana, que buscaba hacer pública la información patrimonial, fiscal y posibles conflictos de interés de los servidores.

Todo esto en formatos como los utilizados en la plataforma 3de3, iniciativa ciudadana utilizada para conocer la información de los candidatos en las pasadas elecciones presidenciales.

Sin embargo, la semana pasada los senadores de México aprobaron esta ley con modificaciones, principalmente una reducción a la máxima publicidad de la información; las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, pero no los rubros cuya publicidad pueda afectar a la vida privada o datos personales protegidos por la Constitución mexicana.

Es decir, se defendió la secrecía de cierta información para evitar problemas al hacer pública estos datos sensibles, aunque actualmente se desconoce cuáles son los criterios para definir sí la información afecta la vida privada o datos personales, y quién tendrá acceso a esa información y de qué manera.

La normativa obliga a los funcionarios y cualquier beneficiario de dinero público a hacer sus declaraciones patrimoniales, declaraciones fiscales y posibles conflictos de interés, para evitar y vigilar posibles actos de corrupción.

Las declaraciones patrimoniales y de interés serán públicas, salvo los rubros cuya difusión pueda afectar la vida privada o datos personales protegidos por la Constitución. Será un Comité Técnico el encargado de definir las plataformas de publicación de esta información y sus plataformas.

Los particulares están obligados a presentar sus declaraciones ante el órgano interno de control del ente que le haya asignado los recursos o con el que lo haya contratado, de esta manera se busca evitar la corrupción entre los empresarios, y vigilar los posibles moches.

La ley fue aprobada el miércoles poco después de la medianoche por la Cámara de Senadores, luego de que el PRI modificará el Artículo 29, principal debilitador de esta ley.

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