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Inician 12 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales

José Arturo Sosa recordó que en el proceso 2016, donde se eligió gobernador, diputados locales y Ayuntamientos, la Fiscalía recibió 226 denuncias
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De diciembre de 2017 a la fecha, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGEH) ha recibido 29 denuncias por presuntos delitos electorales, de las cuales se han iniciado 12 carpetas de investigación y 17 actas circunstanciadas.

José Arturo Sosa Echeverría, titular de la Fiscalía, indicó que las denuncias han sido en contra de servidores públicos municipales, estatales y federales por su intervención en actos proselitistas en apoyo de precandidatos y candidatos de las coaliciones Todos por México, Por México al Frente y Juntos Haremos Historia.

De las 29 denuncias, puntualizó que 17 de ellas fueron anónimas, por lo cual se levantaron actas circunstanciadas y apuntó 12 fueron presentadas por ciudadanos en donde se iniciaron carpetas de investigación.

“El acta circunstanciada normalmente las iniciamos por denuncias telefónicas anónimas, en el caso de las denuncias anónimas las recibimos, las atendemos e investigamos primeramente si esos funcionarios realmente existen y luego si los hechos también pueden ser constitutivos o no de un delito electoral para luego recabar datos de prueba, ver quién es la persona que pudo haber cometido el hecho y en su caso judicializarlo”, explicó, al tiempo de precisar que el número telefónico para denuncias anónimas es el 01 800 912 13 14.

En cuanto a las carpetas de investigación, señaló que se inician cuando en la denuncia realizada por las personas los hechos que se señalan verdaderamente están tipificados en la ley como delitos electorales.

Sosa Echeverría precisó que actualmente se está en la etapa inicial de las investigaciones de las 29 denuncias.

“La etapa inicial es justamente la investigación de los hechos, recabando datos de prueba para saber si efectivamente las personas que están señaladas como presuntas personas que cometen el acto que la ley señala como delito realmente lo realizaron y si se adecúa al tipo penal”, dijo.

Subrayó que hasta el momento ningún candidato o partido ha presentado alguna denuncia a la Fiscalía a su cargo.

Comentó que conforme se vaya acercando la fecha de la jornada electoral el número de denuncias se incrementará y el tipo penal cambiará.

“Conforme se va acercando la jornada electoral van a cambiar con toda seguridad los tipos penales porque ahí entonces ya empiezan a intentar como ha sucedido anteriormente a realizar actos que tienen que ver con la compra de votos, el acarreo de votantes, el que te soliciten evidencia de tu voto, ese tipo de cuestiones que se dan de manera recurrente pero ya más cercanos a la jornada electoral, los tres días previos a la jornada electoral, que es durante el periodo de reflexión y el día de la jornada es cuando se viene un cúmulo muy grande de denuncias”, sostuvo.

José Arturo Sosa explicó que cualquier acto que atente contra la libertad del elector, cualquier acto de presión, coacción, amenaza, violencia, para que se influencie en su voto, se presione y se volente, es un delito electoral que puede cometer cualquier persona.

“También actitudes que tienen que ver con la secrecía del voto, el voto tiene varias características, universal, libre, secreto, directo, personal, intransferible e igual, pero al decir secreto es que tú puedes decidir si dices o dices por quién votas pero si alguien te presiona a que tienes que votar por este ese ya es un delito, pero además tienes que darme evidencia de que votaste por él ese es otro delito, el que obliguen a personas a ir a campañas, la compra del voto ese otro delito”, aseveró.

Comentó que a nivel federal existe un delito electoral muy recurrente que es el turismo electoral, “cuando a ciudadanos de un lugar los cambian a otro municipio, a otro distrito, a otro estado para que evidentemente el listado nominal de este lugar de incremente y entonces estas personas voten a favor de determinada opción, el ciudadano que hace ese cambio de domicilio regular es un delito electoral”.

Añadió que si el delito electoral lo comete cualquier ciudadano las penas van de seis meses a tres años de prisión y apuntó que si lo comete un servidor público las penas van de dos a nueve años de prisión, multa de 200 a 400 días de salario mínimo y destitución del cargo e inhabilitación para volver a ocupar un cargo público en un periodo de dos a seis años.

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