INE da 24 hrs a partidos para acreditar que no pagaron a representantes

El Consejo General excluyó el gasto de los dictámentes de fiscalización, lo que resta 3.2 mdp al gasto no reportado por el priista Miguel Riquelme y 2.5 mdp al gasto del panista Guillermo Anaya. 

Ciudad de México

El Instituto Nacional Electoral excluyó el gasto de los representantes de casilla del dictamen de fiscalización con lo que redujo el gasto no reportado de los partidos políticos en los procesos electorales de 2017 y dio 24 horas a los partidos para que presenten los formatos que acrediten que sus colabores no cobraron por estar en las casillas el día de la elección.

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Por unanimidad, el Consejo General aprobó un procedimiento oficioso para revisar de manera minuciosa el número real de representantes no reportados ante la autoridad electoral que deberá concluir en agosto para definir el impacto que tendría en los dictámenes de fiscalización.

Con este criterio, se restarán 3 millones 200 mil pesos al gasto no reportado por parte del gobernador electo de Coahuila, Miguel Riquelme, que participó en el proceso por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

En tanto, restarán 2 millones 500 mil pesos a los gastos no reportados por Guillermo Anaya, de la coalición integrada por el PAN y el Partido Encuentro Social.

La resolución impactará directamente en el rebase de topes de gasto de campaña.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Enrique Andrade, presentó la propuesta al Consejo General y dijo que la medida debía concretarse ante la falta de audiencia que tuvieron los partidos para justificar sus omisiones en el tema porque nunca se les informó que requerirían los formatos que acreditaran que sus representantes de casilla no recibieron pago alguno.

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Andrade consideró que el tema, que tiene impacto en todos los dictámenes, no está dotado de plena certeza, por lo que resulta fundamental garantizar a los partidos su derecho a audiencia.

El representante del Partido Acción Nacional, Francisco Gárate, se manifestó en contra de enviar este tema a un procedimiento oficioso al considerar que será una oportunidad para que los partidos evadan la ley y corrijan sus omisiones.

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, reconoció que la propia autoridad vulneró el proceso al haber pedido a los partidos que únicamente reportaran en el sistema a los representantes que cobraron y no la totalidad, como establece el reglamento.

Por ello, dijo, aunque no es la mejor vía, es la única para dar certeza a todo el proceso y abrir una oportunidad para que los partidos aclaren el tema y así respetar su derecho de audiencia.

La consejera Claudia Zavala coincidió en que los partidos deben tener 24 horas para presentar los formatos que les faltaron y dijo que lo que se busca es dar una certeza procesal para concluir con este punto y con ello dar toda la claridad que se requiere.

Incluso, el consejero Ciro Murayama respaldó la propuesta al considerar que de lo contrario existía el riesgo de que el dictamen se “desplome como un castillo de naipes ante el tribunal electoral”.

El consejero anticipó que habrá sanciones para quienes presenten algún formato duplicado.



OVM