Por considerar que Jaime Rodríguez Calderón, aspirante a la Presidencia de la República por la vía independiente, utilizó recursos públicos y de la estructura gubernamental para recabar firmas, ciudadanos de diversas asociaciones civiles presentaron una denuncia ante la junta local del Instituto Nacional Electoral.
Alrededor de 10 activistas de las asociaciones Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos/as en Nuevo León (Fundenl); Curul 43; Colectivo Nosotros; Alianza Cívica Nuevo León, entre otras, pidieron al INE negar el registro como candidato a Rodríguez Calderón.
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"Venimos a interponer una denuncia en contra del gobernador con licencia, Jaime Rodríguez, por la utilización de recursos públicos, humanos y materiales de la estructura de gobierno para juntar firmas en horas de trabajo, para comprar firmas a pastores evangelistas pagándoles además en tarjetas de debito que eso implica que es un dinero que está circulando afuera de la esfera de fiscalización del INE.
"También el desvío de gente que trabaja en el programa Aliados Contigo, que es el programa principal de combate a la pobreza con fines de carácter electoral, entonces estamos pidiendo que se investigue a conciencia esto y que se le niegue la aspiración de contender a este candidato porque no se puede convalidar conductas o firmas que tengan como sustento un delito", mencionó Liliana Flores Benavides, vocera del colectivo Nosotros.
La activista y ex diputada local adelantó que también interpondrán una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Subprocuraduría Anticorrupción y la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDH) por la supuesta vulneración de derechos económicos y sociales de personas que viven en polígonos de pobreza y tienen programas sociales desviados con fines electorales.
Por su parte, Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, manifestó que las declaraciones del gobernador interino, sobre que no hay delito porque no se utilizó recurso publico o humano para las firmas, están fuera de lugar, pues él no es la autoridad competente para determinar esto.
"La ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Nuevo León dice muy claramente que hacer una cosa que no sea lo de tu encargo es un delito. (...) Es decir, sí hay delito que perseguir, pero el gobernador interino no es quien debe de decir si se está cometiendo o no una arbitrariedad.
"Él puede dar su percepción pero eso es distinto porque si no estaríamos hablando que la justicia la controla el gobernador en funciones; pero sí hay delito bajo la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos que ya tendrían que estar actuando (las autoridades locales) además de lo electoral", mencionó.
La denuncia fue integrada con pruebas de notas periodísticas que se han dado a conocer en días pasados, además de la información proporcionada por el propio INE.
