Más de 9 mil indígenas, presos por procesos irregulares

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas advirtió que no hay suficientes intérpretes que acompañen a los miembros de comunidades indígenas en los procesos judiciales.
Los 600 intérpretes de lenguas indígenas certificados por el Inali no alcanzan para garantizar la no discriminación y el acceso a la justicia.
Los 600 intérpretes de lenguas indígenas certificados por el Inali no alcanzan para garantizar la no discriminación y el acceso a la justicia. (Raúl Palacios )

Ciudad de México

En México hay más de nueve mil indígenas que están privados de su libertad por enfrentar procesos irregulares y violaciones a sus derechos humanos, indicó Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, integrante del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

En la conferencia Derechos humanos, justicia y lenguas indígenas realizada en el Colegio Nacional, detalló que los reclusorios de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Veracruz y Guerrero, principalmente, concentran 50 por ciento del total de personas indígenas presas, quienes hablan náhuatl, zapoteco, maya y mixteco, entre otras lenguas.

En la mayoría de los casos, indicó, el Estado no asegura un proceso adecuado de acceso a la justicia por carecer de suficientes intérpretes y defensores que apoyen a los indígenas desde el momento de su detención.

"Hay un gran desconocimiento sobre la diversidad lingüística y cultural de México en los funcionarios públicos dedicados a la procuración de justicia", comentó la especialista y añadió que los propios hablantes de lenguas indígenas ignoran también sus derechos lingüísticos.

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Al respecto, Ruiz Mondragón expuso los casos de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Cornelio y Teresa González Cornelio, mujeres otomíes de Santiago Mexquititlán, en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, que en 2006 fueron acusadas injustamente de secuestro.

"Desde el momento de su detención, su comprensión del español era el mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas, sin embargo, ningún intérprete las asistió ni durante su declaración preparatoria ni durante las demás diligencias del juicio", mencionó.

Esto es una violación a los artículos 2 y 4 de la Constitución y la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, de manera respectiva, toda vez que ambas normas establecen el apoyo de intérpretes y garantizan la no discriminación y el acceso a la justicia, acotó.

Después de 11 años de lo ocurrido con las tres mujeres indígenas, quienes hace unos meses recibieron una disculpa pública de la Procuraduría General de la República, el mensaje para la justicia mexicana es "no volverse a repetir jamás", subrayó la directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leticia Bonifaz Alfonzo.

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Apuntó que México ha avanzado a "paso lento" en materia de justicia en favor de las personas indígenas, tanto en lo individual como lo colectivo, al impulsar la reforma de derechos humanos de junio de 2011, la ratificación de varios convenios internacionales y la reforma a la Ley de Amparo.

"Por esta razón, creo que en este momento no existe ningún vacío jurídico que permitiera que se volviera dar una injusticia del tamaño y gravedad que sufrieron Alberta, Teresa y Jacinta", reiteró.

Sin embargo, la directora de la SCJN sentenció que en México persiste una "discriminación ancestral y permanente" que no se ha logrado eliminar, y mencionó que las tres mujeres otomíes sufrieron una discriminación interseccional por género y por hablar una lengua índigena.

A su vez, el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Tapia Olivares, consideró que las autoridades deben asumir un compromiso para hacer una revisión integral de quienes están privados de su libertad y saber en cuántos casos se puede retirar la acusación.

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Insistió en la necesidad de tener un mayor número de intérpretes que conozcan la lengua y la cultura de los indígenas que enfrentan un proceso legal. "Ese es uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país", advirtió.

Alejandra Arellano, de dirección de Políticas Lingüísticas del Inali, puntualizó que este instituto tiene registrados casi 600 intérpretes certificados. "Son pocos en relación a la necesidad enorme que se tiene de atención en el ámbito de la justicia", lamentó.

En la República Mexicana se hablan 364 variantes, provenientes de 68 agrupaciones lingüísticas y derivadas de 11 familias lingüísticas, de acuerdo con el Inali.




SBG