Corte establece reglas para indemnizaciones por daño moral

Las autoridades y órganos judiciales no deben tomar como parámetro la situación económica de las víctimas para determinar la existencia del daño moral.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Cuartoscuro)

Ciudad de México

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente, porque estableció las reglas y directrices que tutelan la indemnización por daño moral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado.

De ahora en adelante, el criterio deberá ser acatado por las autoridades y órganos judiciales del país, quienes no deben tomar como parámetro la situación económica de las víctimas para determinar la existencia del daño moral.

El término de "daño moral" no lo contempla la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

El fallo de la Corte derivó de un amparo promovido por Osbelia Círigo, quien en mayo de 2007 acudió a su clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por una molestia en el seno.

El médico que la atendió ordenó que se le practicara una mastografía, pero ésta fue programada seis meses después, situación que provocó que el cáncer que tenía y que no fue detectado a tiempo se dispersara, provocando la perdida de uno de los senos de la mujer.

Osbelia emprendió un juicio civil contra el IMSS por la negligencia médica que sufrió al no habérsele realizado oportunamente el diagnóstico de la enfermedad que padece, lo que provocó que tuviera que acudir ante instituciones médicas privadas para ser debidamente atendida, en donde, debido al tardío diagnóstico médico, sufrió la pérdida de uno de sus órganos.

Aunque un tribunal que conoció del asunto le concedió la razón, fijó una indemnización por 100 mil pesos, al considerar que la mujer era de escasos recursos económicos. Asimismo, el tribunal resolvió que no se pagara el daño moral reclamado, ya que este término, consideró, no existe en Ley del IMSS, como argumentó el instituto.

Ante esa situación, Osbelia inició un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, éste último que resolvió, entre otras cuestiones, que fue correcta la negativa de pago por daño moral.

Contra ese fallo, la mujer interpuso un amparo directo, el cual atrajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al analizar el asunto, la Segunda Sala de la Corte determinó que la sentencia era ilegal, ya que el IMSS desatendió los requisitos y formalidades establecidos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, el cual es el ordenamiento legal aplicable para emitir la resolución respectiva y que permite al particular reclamar, entre otros, los daños morales que pudo ocasionar la actividad administrativa irregular del ente estatal.

La Segunda Sala ordenó reponer el procedimiento y estableció las reglas y directrices que tutelan la indemnización por daño moral derivada de la responsabilidad patrimonial del Estado, y que deben observar las autoridades y órganos jurisdiccionales.

El amparo tiene el efecto de que el IMSS observe el marco de la responsabilidad patrimonial del Estado y resuelva sobre la procedencia del pago del daño moral, en el entendido que la "situación económica de la víctima" nunca puede servir de parámetro para determinar la existencia del daño moral, "pues es evidente que el padecimiento o el dolor, son aspectos enteramente ajenos a la pobreza o riqueza de la persona que las resiente y, por ende, el nivel económico de la víctima de manera alguna puede utilizarse como un criterio para determinar el monto a indemnizar".

De estimarse lo contrario, señaló la Sala, implicaría realizar una distinción en la reparación del daño, que resulta del todo incompatible con la dignidad ontológica que tiene todo ser humano y con el principio de igualdad que tutela la Constitución.