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Martes , 11.12.2018 / 23:45 Hoy

La Cuyucuata, una historia de 135 años

La empresa inmobiliaria aseguró poseer un mejor derecho que el ayuntamiento y rescató 60% de la propiedad.
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La escritura 44,510, emitida por el notario público 122 de Guadalajara, el 14 de julio de 2015, es la que protocoliza la compra del predio La Cuyucuata, de 76,602 metros cuadrados, por la empresa Desarrollos Inmobiliarios de 10, SA de CV, base de la exitosa reivindicación del terreno del bosque urbano de Arboledas Sur, cuya propiedad municipal deriva de otro proceso de adquisiciones realizado por el propio ayuntamiento a partir de 1982.

Ambos grupos de escrituras se traslapan, pero los propietarios de La Cuyucuata, cuya historia registral es dudosa, lograron convencer a notarios y jueces civiles, y contaron con valiosas omisiones de diversas administraciones municipales, para hacer valer un “mejor derecho” y quedarse con 60 por ciento de la superficie.

En la contestación de la demanda civil reivindicatoria 116/2017, interpuesta por el Ayuntamiento de Guadalajara en febrero de 2017, y desahogada ante el juez civil número 10, la empresa precisa que el predio que adquieren deriva de la escritura 92,548 levantada por el notario público 64 de la ciudad, el 12 de noviembre de 1998, como propiedad de los señores María Genoveva Vera Velasco y José Manuel Pérez Luna (este último, director del Departamento de Tránsito en la administración de Flavio Romero de Velasco, 1977-1983).

Esa escritura precisa que el juez tercero de lo Civil adjudica una propiedad de 420.9 hectáreas a Pérez Luna, cuyo titular previo, “en rebeldía”, es el ausente Jesús Velasco García. El predio se denomina La Cuyucuata.

En 2002, los titulares de la escritura “realizaron una diligencia de apeo y deslinde ante el Juzgado 10 de lo civil del Primer Partido Judicial del estado de Jalisco, tramitados [sic] en el expediente 293/2002, y en ese acto, el juez delimita y entrega la posesión a los citados causantes de mi representada”, dice el documento. Esto derivó en la apertura de una cuenta catastral en el Ayuntamiento de Guadalajara.

En esta diligencia no se apersonó como presunto propietario afectado, el propio ayuntamiento. El entonces alcalde, Fernando Garza Martínez, ha asegurado públicamente que nunca conoció del procedimiento. Lo cierto es que el panista fue socio fundador de Desarrollos Inmobiliarios de 10, SA de CV, la empresa beneficiada con esa falta de comparecencia en la defensa de los derechos municipales.

En 2013, el 21 de febrero, el notario público 64 segregó del predio de 420 ha una fracción de 76,602 m² que a la postre fue la adquisición de la inmobiliaria (escritura 92,548); de ese predio se hizo la segregación de 2,812.5 m² como donación al ayuntamiento, con fecha 2 de junio de 2015, cuando era alcalde Ramiro Hernández García (escritura 43,812). Para los demandados, esta es una segunda prueba de que la autoridad municipal reconocía sus derechos sobre la propiedad.

Estos dos argumentos convencieron a la representación municipal de que no podrían ganar el juicio, y se fueron al convenio judicial.

Los empresarios mencionan tres contratos de compraventa como prueba de la antigüedad de La Cuyucuata: el primero, del 7 de enero de 1887, registrado en catastro el 15 de mayo de 1909 (22 años después); el segundo, del 8 de marzo de 1926, ratificado al día siguiente por el notario 10 de Guadalajara; y el tercero, del 23 de mayo de 1950, ratificado el mismo día. Desde 1950 hasta 1998 transcurren 48 años.

El 24 de febrero de 1994, un documento interno de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), señalaba que La Cuyucuata “tiene una larga historia de fraudes, engaños y conflictos: muertos, heridos, apedreados. Asesinaron al presidente en turno de la comunidad indígena [de Santa María Tequepexpan], muchos fueron apedreados… se obtenían terrenos desde 60, 100, 500 mil pesos hasta en tres millones [de viejos pesos] según la ubicación del terreno….”.

Los supuestos dueños de La Cuyucuata eran en ese entonces el “Fonhapo [Fondo Nacional de Habitaciones Populares], el ex gobernador Enrique Álvarez del Castillo [quien negó la atribución unos días después al mismo diario], José Pérez Luna y Antonio Torres” (MILENIO JALISCO, 10 de junio de 2018).

SRN

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