Los ex magistrados electorales se amparan

Cuatro son los que presentaron la demanda ante un juez federal, ya que su nombramiento estaba vigente hasta mayo del año 2016.
Los ex magistrados electorales fueron nombrados por el Congreso del Estado por un periodo de cuatro años, que inició en el 2012.
Los ex magistrados electorales fueron nombrados por el Congreso del Estado por un periodo de cuatro años, que inició en el 2012. (Milenio)

Guadalajara

Los ex magistrados electorales promovieron un amparo ante la justicia federal, para exigir que se les pague su liquidación, luego que fueron separados del cargo ante la reforma que se llevó a cabo en la materia.

La demanda, que quedó bajo el número 705/2014, fue presentada por los ex magistrados electorales José de Jesús Reynoso Loza, Rubén Vázquez, Luis Antonio Corona Nakamura y José Guillermo Meza García.

Según la información que aparece en la página del Consejo de la Judicatura Federal, en principio la demanda había sido desechada, según una resolución emitida el 19 de noviembre del año pasado. Los magistrados interpusieron una queja y el 27 de ese mismo mes el tribunal colegiado revocó la resolución anterior, determinando que el juicio de garantías es procedente.

La demanda es por la “solicitud de entrega de salarios, emolumentos y prestaciones solicitadas” por los ex magistrados a las autoridades estatales, al momento en que fueron destituidos de su cargo.

Los ex magistrados electorales fueron nombrados por el Congreso del Estado por un periodo de cuatro años, que comenzó el 28 de mayo de 2012 y debía concluir el 27 de mayo de 2016. Sin embargo, al aprobarse la reforma electoral federal del año pasado, se determinó que “los órganos jurisdiccionales electorales locales no estarán adscritos a poderes judiciales de las entidades federativas”.

Además, la reforma también estableció que los integrantes de los tribunales electorales de los estados, debían ser nombrados por el Senado de la República.

De esta forma, al aterrizarse la reforma federal en el estado, se desapareció el que fuera Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado (TEPJEJ), creando un nuevo tribunal autónomo. En los cambios a la legislación, se previó que el personal que laboraba en el tribunal pasaría a la nueva estructura, pero no hubo señalamientos sobre lo que sucedería con los cinco magistrados.

Al abrirse el proceso para la nueva integración del tribunal local, los ex magistrados Luis Antonio Corona Nakamura, José Guillermo Meza García y Gonzalo Julián Rosa Hernández, se inscribieron en el proceso convocado por el Senado, pero ninguno fue electo. Por su parte, Jesús Reynoso Loza y Rubén Vázquez, decidieron no participar.

Los ex magistrados habían presentado una petición para que se les reasignara dentro del mismo Poder Judicial del estado, dándoseles otra materia, pero no obtuvieron una respuesta.

Después de ser destituidos, los magistrados elaboraron una propuesta de liquidación, que remitieron a los poderes Ejecutivo y Legislativo. MILENIO JALISCO dio a conocer que la petición sumaba 44 millones de pesos.

La indemnización reclamada era por 9.6 millones de pesos en el caso del ex presidente, Jesús Reynoso, así como 8.5 millones de pesos por cada uno de los demás ex magistrados.

Entre los conceptos que establecieron para alcanzar ese monto, 3.5 mdp fueron reclamados como haber de retiro para Reynoso Loza, así como 3.1 mdp para los cuatro ex magistrados. También el pago de salarios correspondientes al tiempo que debía durar su nombramiento, esto es, del 1 de octubre de 2014 al mes de mayo de 2016.

TAMBIÉN DEMANDA EX CONSEJERO

Otra demanda, sólo que reclamando el finiquito, fue presentada por el ex consejero electoral, Juan Alcalá Dueñas, luego de que también los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana  (IEPCEJ) fueron removidos de sus cargos, debido a la reforma electoral.

Los consejeros habían reclamado que se les entregara el finiquito antes de dejar el cargo, lo cual no sucedió, con el argumento de que no había recursos, por lo que demandaron a través de un procedimiento especial para funcionarios públicos.

La resolución de un tribunal federal estableció que no procedía la demanda, porque los consejeros fueron nombrados por el Congreso y no eran servidores públicos. Sin embargo, Juan Alcalá recurrió la resolución y le fue admitida.

El reclamo es por el pago de los días que trabajó y no le fueron cubiertos, así como la parte proporcional de sus prestaciones laborales como aguinaldo y vacaciones.