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Martes , 21.08.2018 / 02:19 Hoy

El 90% de empresas no tiene lactarios, afirma diputada

Alhinna Vargas García, integrante de la Comisión de Salud, indicó que el desconocimiento de la ley es la causa por la que no se ha puesto en práctica la instalación de estos espacios.

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Más de ocho meses después de haber entrado en vigor la ley que obliga a las empresas a instalar espacios para que las madres amamanten a sus hijos, el 90 por ciento de las empresas no cuentan con lactarios en Nuevo León.

Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa, Alhinna Vargas García, integrante de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables.

Al anunciar un programa de promoción de instalación de lactarios en la entidad, en conjunto con integrantes de la Secretaría de Economía y Trabajo estatal, la legisladora priista manifestó que la situación por la que no se ha puesto en práctica la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna de Nuevo León es por desconocimiento.

"Sabemos que en todos los centros de trabajo tienen que instalar un lactario o sala de lactancia, sin embargo, la mayoría de las empresas, más del 90 por ciento de las empresas, carecen de un lactario a pesar de que tienen mujeres en edad fértil o algunas en etapa de lactancia.

"Esto no se ha puesto en práctica, no por falta de voluntad de las empresas, sino porque la difusión y el conocimiento de esta ley ha ido un poquito lento", comentó.

Con base a la nueva legislación, los derechos de las madres serán el decidir contar con dos reposos diarios para amamantar a los hijos o para realizar extracción manual de leche; se les brinda la oportunidad de ejercer la lactancia plenamente en cualquier lugar, incluido el centro de trabajo; además, se les permitirá acceder de manera gratuita a los bancos de leche, en caso de que se requiera.

Felipe Avilés Fabián, subsecretario del Trabajo del Estado, expuso que a partir de febrero de 2018 aquellas empresas que no cumplan con lo que establece la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna, serán acreedores a multas que van de las 50 a 5 mil cuotas de salario mínimo general, es decir, de aproximadamente 3 mil 500 pesos a los 350 mil pesos.

César Aguirre, director de Inspección y Defensa de la Secretaría de Economía y del Trabajo, expuso por su parte que la dependencia lanzará un programa de autoevaluación para que las empresas coadyuven al cumplimiento de las leyes.

En el evento también estuvieron Mónica Sosaya, secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, y Andrés Cantú, presidente del Congreso.

EMB

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