Integran diputados mesa para reforma anticorrupción

El grupo de trabajo se encargará de integrar en un solo paquete las iniciativas del Ejecutivo y de las diversas fracciones parlamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la Ley de Ingresos.
El pleno de la Cámara de Diputados. (@ALEIDAALAVEZ)

Ciudad de México

La Cámara de Diputados instaló este miércoles la mesa de trabajo encargada de integrar en un solo paquete las iniciativas del Ejecutivo y de las diversas fracciones parlamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, con el compromiso de aprobar la reforma constitucional correspondiente antes de finalizar el actual periodo de sesiones.

El grupo plural conformado por once legisladores de las siete bancadas definirá el próximo martes su cronograma de trabajo para citar a especialistas y expertos en la materia, así como establecer las fechas para el dictamen y la aprobación del proyecto.

"Lo importante es que esta reforma, que para nosotros es estructural, privilegie las coincidencias por encima de las diferencias, porque entendemos el problema de la corrupción, como consecuencia, debe ser resuelto atendiendo a sus causas: me refiero a la ausencia de rendición de cuentas que existe en México y la impunidad", puntualizó el representante panista en la mesa de trabajo, Marcos Aguilar.

Sostuvo, en ese sentido, que si los partidos políticos logran ese objetivo antes de concluir el periodo ordinario en diciembre entrante, el Congreso de la Unión habrá cumplido la encomienda de crear una reforma para enfrentar lo que es la base de los problemas en todos los demás temas del país.

Entre otros aspectos, el Sistema Nacional Anticorrupción prevé el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública con nuevas facultades y un titular ratificado por el Congreso; la ampliación de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación; la creación de la Fiscalía Anticorrupción con facultad de investigar y ejercer acción penal, así como un nuevo tribunal de cuentas para imponer sanciones administrativas a funcionarios públicos.

La intención de los legisladores es replicar ese mismo esquema a los ámbitos federal y municipal.