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Domingo , 21.10.2018 / 03:34 Hoy

Detenciones ilegales destacan en recomendaciones de CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León emitió las recomendaciones para los alcaldes de Escobedo, Monterrey y Santa Catarina por casos de discriminación, entre otros.


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La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Nuevo León (CEDH), emitió, a través de su presidenta Sofía Velasco Becerra, cinco recomendaciones, cuatro a municipios y una al Estado, siendo la mayoría de ellas por detenciones ilegales y arbitrarias.

Éstas fueron giradas a la alcaldesa de Escobedo y a los presidentes municipales de Monterrey y Santa Catarina, por actuaciones de elementos de sus secretarías de Seguridad.

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En el caso de Escobedo, mencionó, el motivo de la recomendación 07/2018 fue por la detención arbitraria de un periodista el pasado mes de julio de 2017.

Mientras que la recomendación al edil de Monterrey, la 08/2018, fue porque policías de ese Ayuntamiento, de forma discriminatoria, detuvieron a tres mujeres trans, en tres eventos distintos pero desarrollados en forma similar.

"Las detenciones tuvieron como motivo la identidad y expresión de género de las mujeres trans", aseguró la presidenta de la CEDH.

En tanto que la recomendación 10/2018 fue para el alcalde de Santa Catarina, luego de que uniformados de ese municipio trasgredieron el derecho a la libertad y seguridad personales de las víctimas, así como el derecho a la integridad personal y a la intimidad.

Esto luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Santa, sin ninguna autorización, irrumpieron en casa de los quejosos, y con uso de violencia física realizaron tres detenciones dentro de un domicilio en ese municipio, quedando lesionadas las víctimas de este abuso.

Además, Velasco Becerra anunció que las otras dos recomendaciones fueron, una, para el secretario de Seguridad Pública del estado de Nuevo León, y otra para el munícipe de Linares.

En el primero de los casos, recomendación 09/2018, tras haber acreditado la CEDH que el personal del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico" trasgredió el derecho al debido proceso, en relación con el derecho a la Seguridad Jurídica.

En tanto que al alcalde de Linares la recomendación 11/2018 se debió a que por fallas de policías de ese municipio tres presuntos delincuentes fueron liberados, con lo que se acreditó la violación al derecho a la Seguridad Jurídica "en perjuicio de la sociedad".

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