Investiga CNDH violaciones contra líderes yaquis

La comisión ha realizado gestiones a fin de reunir las evidencias que permitan acreditar si las detenciones en Sonora de los agraviados estuvieron apegadas a derecho.
El procurador de Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez, integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua.
El procurador de Sonora, Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez, integrante del Movimiento Ciudadano por el Agua. (Felipe Larios Gaxiola)

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos investiga por presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de dos líderes indígenas de la TribuYaqui, con motivo de un escrito de queja presentado ante este organismo nacional.

En la queja se menciona que el dirigente y vocero de la Tribu Yaqui, Mario Luna fue detenido cuando circulaba por las calles de Ciudad Obregón, Sonora, por elementos de la Policía Federal Ministerial, sin que hubiera orden de aprehensión o presentación en su contra.

Con posterioridad a estos hechos, se recibieron diversos comunicados de organizaciones de la sociedad civil donde refieren el caso del referido dirigente, así mismo, denuncian también la detención de otro integrante de esa tribu Fernando Jiménez.

Como parte del trabajo de investigación, se han realizado gestiones a fin de reunir las evidencias que permitan acreditar si las detenciones de los agraviados estuvieron apegadas a derecho, para lo cual, visitadores adjuntos de este Organismo Constitucional Autónomo realizan visitas de campo para entrevistar a los agraviados y recabar las documentales correspondientes.

La CNDH como lo ha expresado en diversos pronunciamientos, no se opone a las acciones que realizan los servidores públicos que integran las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de conductas delictivas, sino a que dichas acciones se realicen fuera del marco constitucional y del sistema internacional de los derechos humanos.

Si bien es cierto que la actividad persecutoria del delito resulta una labor fundamental del Estado Mexicano, también lo es que las tareas de velar por la procuración de justicia y el derecho a un debido proceso, se realicen con estricto apego y respeto a los derechos humanos, por lo que tratándose de personas indígenas, de conformidad con el artículo 2 constitucional, debe garantizarse aún más esa protección.