Senado pide a PGR informe sobre casos de desaparición forzada

El informe debe incluir cuántas averiguaciones previas se iniciaron por el delito de desaparición forzada y cuántos casos ha atraído por conexidad y en qué entidad federativa se cometieron.
Senado de la República.
Senado de la República. (Especial )

Ciudad de México

El Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de desaparición forzada y que especifique cuántos de estos casos ha atraído por conexidad y en qué entidad federativa se cometieron.

En el dictamen, aprobado por el Pleno del Senado, también se pidió un reporte de la colaboración que ha brindado a las procuradurías de los estados y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como forense, en los casos de desaparición forzada del orden común.

Asimismo, exhortó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que remita un informe sobre el avance en la integración del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

El documento señala que las desapariciones forzadas se han convertido en un problema estructural del Estado mexicano, “que lejos de disminuir aumenta significativamente”. El Registro Nacional de Personas Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de desaparición; el 40 por ciento ha sido denunciado durante la actual administración.

De acuerdo con datos de dicho Registro, Tamaulipas es el estado donde más personas han desaparecido, con cinco mil 380 víctimas registradas; el segundo lugar lo ocupa Jalisco, con dos mil 150 casos; y en tercer lugar el Estado de México con mil 745 desapariciones.

Por ello, los senadores coincidieron en que el combate a este delito debe ser una prioridad para la Procuraduría General de la República y sus homólogas estatales.

Mencionaron que la desaparición forzada de personas es un fenómeno delincuencial que se ha asentado en el país y ha dañado el tejido familiar y social de muchas comunidades, de ahí, la necesidad de que el Estado responda “con toda la fuerza de la ley y bajo los más estrictos estándares de respeto a los derechos humanos”.

En el documento se señala que desafortunadamente, miles de personas que fueron reportadas como desaparecidas aún no han sido localizadas y más casos se suman cada día, por lo que la labor de los órganos de procuración de justicia de todos los órdenes de gobierno es localizarlas con la mayor celeridad posible y evitar nuevos casos.

Indicó que el Estado no puede ser omiso en su obligación de proporcionar seguridad jurídica y física a la ciudadanía; “es un mandato constitucional que debe cumplirse de manera efectiva, sensible, comprensiva y poniendo como prioridad el bienestar e integridad física de las víctimas de este flagelo”.

Al respecto, el senador Héctor Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que las cifras son “alarmantes”, pues se estima que podrían ser 27 mil o más las personas desparecidas en este país, por lo es necesario contar con información puntal y precisa para conocer cuántas averiguaciones previas ha iniciado la PGR.

En tanto, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que durante las audiencias públicas sobre la ley contra las desapariciones, se dio a conocer que hay una respuesta negligente y omisa por parte del Estado mexicano, cuyas autoridades se han negado a investigar y buscar a las personas reportadas como desaparecidas, delegando tal función a las familiares de las víctimas.