Desapariciones forzadas siguen en aumento: organizaciones

Además, representantes civiles señalan que las agrupaciones que denuncian estos hechos son víctimas de desatención, omisiones y negligencias por parte de las autoridades.
Este sábado se realizó el Sexto Encuentro de organizaciones dedicadas a casos de desapariciones.
Este sábado se realizó el Sexto Encuentro de organizaciones dedicadas a casos de desapariciones. (Foto: Ricardo Alanís)

Monterrey

Representantes de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) y otros organismos civiles del país denunciaron que los casos de desapariciones forzadas se están elevando en algunos estados, además de que las agrupaciones ciudadanas que se quejan de estos hechos enfrentan desatención a las denuncias, omisiones y negligencias por parte de la autoridad federal.

En el marco del Sexto Encuentro de Organizaciones que acompañan a familiares de personas desaparecidas, advirtieron que como consecuencia del trabajo de las organizaciones de derechos humanos, el Estado mexicano desestima y además criminaliza la labor de estos grupos.

Denunciaron que se dan casos de acoso, hostigamiento y atentados a defensores y defensoras de derechos humanos, como en el caso del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, de Sonora y Baja California, entre otros.

"Las cifras oficiales no han disminuido; hace un año eran 22 mil 262, hoy la propia Procuraduría General de la República reconoce que son más de mil casos todavía, sumados a esos 20 y tantos mil", dijo Alfredo Limas, de la Red Ciudadana de No violencia Humana, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por su parte, Consuelo Morales, presidenta de Cadhac, expresó que de los casos recibidos en Nuevo León, un 30 por ciento son desapariciones forzadas con la participación clara de un agente estatal.

Además, dijo que ningún servidor público que haya participado en desapariciones forzadas, así sea militar, mando o policía federal, ha sido procesado por la autoridad.

"Pero algo que nos queda muy claro es la total impunidad porque en los procesos del fuero común de aquí de Monterrey, hay gente en la cárcel, y tenemos policías en la cárcel y en sentencias y bajo procesos, pero tenemos procesos del fuero federal en donde están como presuntos responsables mandos o marinos, o del Ejército o de la Policía Federal Preventiva y ahí no pasa absolutamente nada", declaró.

"No existe voluntad política para que se conozca la verdad, en México no hay acceso a la justicia", dijo Julio Mata, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem).

Citaron que la matanza del pasado 6 de enero ocurrida en Apatzingán, Michoacán, es un ejemplo de esta política de terror que se refleja en el miedo de las víctimas a denunciar, no sólo en este evento, sino los casos relacionados con desapariciones y desapariciones forzadas, como lo señalan organizaciones que trabajan en esa entidad.

Dijeron que en Coahuila se registran desapariciones forzadas perpetradas por la corporación estatal Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), quienes fungieran durante más de 4 años sin ley orgánica, respaldadas por el Gobierno del Estado, sin importar la magnitud de las acciones realizadas que podrían elevarse a categoría de delito de lesa humanidad.

Otro caso es el de la frontera norte en donde se detectan poblaciones de alta vulnerabilidad como migrantes, mujeres, niñas y familias cuyas desapariciones van en aumento con omisiones sistemáticas en el actuar judicial y sin garantías de no repetición en los estados de Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.