PRD demanda al Estado mexicano por consulta energética

La bancada del PRD en el Senado interpuso ante la CIDH una queja contra el Estado y la Suprema Corte por no garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho a participar en esa consulta.

Ciudad de México

El PRD en el Senado denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la negativa de la Suprema Corte de admitir la consulta popular en materia energética.

En la queja interpuesta contra la SCJN el pasado 1 de mayo, la bancada completa, incluido Manuel Camacho Solís, se asienta que "la SCJN contaba con un amplio marco jurídico para fundamentar su resolución y permitir que se llevara a cabo la consulta solicitada por más de dos y medio millones de mexicanos".

También argumentan que el Estado Mexicano incumplió su obligación internacional de respetar y reconocer los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.

Particularmente porque incumplió su deber de adoptar disposiciones de derecho interno que faciliten y garanticen el libre ejercicio de los derechos políticos, así como el de establecer los recursos y medios de defensa expeditos para lograr una debida protección judicial ante decisiones que violenten nuestros derechos fundamentales de participación política.

A decir del PRD, se incumplió su obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio del derecho de participar en el proceso democrático de consulta popular.

"Si bien hubo un gran avance al momento de modificar el texto de la Constitución, al crear mecanismos de democracia directa, encaminados a fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos del país, éstos en la realidad de los hechos están diseñados para que no se ejerciten a cabalidad, al estar sujetos a requisitos y condiciones de extraordinaria dificultad en su realización, además de adolecer de garantías para su ejercicio por parte de los ciudadanos", acusan los perredistas.

Se argumenta que el primer requisito al que se enfrentaron los ciudadanos, en este caso, es al porcentaje de firmas de apoyo que se reunieron para que el Congreso convocara a consulta popular, que según cálculos propios, no debían ser menores a 1 millón 644,131 firmas, "cantidad nada sencilla de reunir debido entre cosas, al abandono político y social en que se tiene a los ciudadanos".

Demandan que el Estado mexicano modifique sus leyes internas y remueva los obstáculos para la protección efectiva de los derechos humanos.