Diputados envían a Peña ley de delitos electorales

Los legisladores aprobaron sin cambios la minuta proveniente del Senado; la ley prevé sanciones a quienes hagan aportaciones con recursos ilícitos a precandidatos, candidatos o partidos políticos.
Los diputados en el primer día del primer periodo extraordinario.
Los diputados en el primer día del primer periodo extraordinario. (Tomada de Twitter | @MX_Diputados)

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su totalidad el proyecto de Ley General de Delitos Electorales y el presidente de la Mesa Directiva, José González Morfín, ordenó remitirla al Ejecutivo para su promulgación y entrada en vigor.

Los diputados federales desecharon una a una las 17 reservas presentadas por las bancadas de izquierda y finalmente ratificaron sin cambios la minuta proveniente del Senado.

La Ley General de Delitos Electorales es la primera de las normas reglamentarias de la reforma política electoral incluidas en la agenda del periodo extraordinario de sesiones inaugurado este miércoles.

Una vez aprobado el ordenamiento en lo general y en lo particular, el diputado presidente levantó la sesión y citó el pleno de la Cámara de Diputados mañana a las 12 horas, a la espera de que el Senado envíe entre hoy y mañana el resto del paquete.

Entre otros aspectos, la Ley General de Delitos Electorales prevé castigar hasta con 15 años de prisión a quienes hagan aportaciones en efectivo o en especie a precandidatos, candidatos o partidos políticos con recursos de origen ilícito o en montos superiores a los permitidos.

Considera también una sanción de hasta nueve años de cárcel al precandidato, candidato o funcionario de algún partido político que haga uso proselitista de bienes o servicios públicos.

De igual forma establece entre dos y nueve años de prisión a los servidores públicos que coaccionen, induzcan o amenacen a sus subordinados para que participen en actos proselitistas, voten o se abstengan de votar por algún candidato o partido, condicionen servicios públicos o programas de gobierno, o hagan uso electoral de bienes o recursos públicos.

Se incluye asimismo un castigo de entres tres y siete años de encierro a quien altere el Registro Federal de Electores o participe en la expedición ilícita de credenciales de elector, o en su caso compre, comercialice, suministre o transmita de manera ilegal cualquier dato o archivo de los padrones y listados oficiales de electores.

El dictamen considera la aplicación cien a 500 días de multa a los ministros de culto que en el desarrollo de actos religiosos presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político o coalición.