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Domingo , 17.06.2018 / 19:48 Hoy

Defraudadores fiscales, un peligro al patrimonio

La diputada Sonia Villarreal pidió a la Diputación Permanente exhortar al Servicio de Administración Tributaria para diferenciar los defraudadores fiscales de las víctimas de robo de identidad.

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Ana Ponce

La diputada Sonia Villarreal pidió a la Diputación Permanente que se haga un exhorto al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que implemente mecanismos a través de los cuales se pueda diferenciar a los defraudadores fiscales de las víctimas de robo de identidad.

Con esta propuesta la diputada busca también que el SAT establezca procedimientos de atención especializada para los contribuyentes que generaron créditos fiscales por aquellos defraudadores que les robaron su identidad.

La diputada indicó que la Condusef registró en México más de 4 millones 238 mil reclamaciones en contra de 30 bancos, de los cuales más de 2 millones 700 correspondieron a tarjetas de crédito.

Más de casi 2 millones y medio de reclamaciones sobre cargos no reconocidos por consumo, no efectuados, o más de 262 mil reclamos de retiros no reconocidos.[OBJECT]

"Estamos hablando que del resultado de las reclamaciones, el 22% resultó improcedente, es decir, uno de cada cinco reclamaciones no procedió, lo cual generó una pérdida de casi 6 mil millones de pesos, de 893 mil reclamaciones que resultaron improcedentes, ese es el universo total", comentó.

"Es demasiado alto el porcentaje de reclamaciones que hay en los bancos de este tipo de fraudes", comentó.

Y añadió que las reclamaciones de tarjeta de crédito alcanzan los dos millones 710 mil trámites por lo que en promedio el 10% de las tarjetas de crédito tienen alguna reclamación.

Expuso que México es el tercer país en América Latina con el mayor robo de identidad y que no cuenta con medios para salvaguardar la identidad jurídica de los ciudadanos.

Ya que una vez que el delincuente tiene acceso a la información bancaria puede cometer diferentes tipos de fraude, incluyendo el acceso a cuentas, obtener préstamos, hacer compras e incluso cometer conductas en nombre de la víctima que podrían encuadrar en el delito de defraudación fiscal, lo que terminaría afectando únicamente el patrimonio de la víctima.

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