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Martes , 11.12.2018 / 15:50 Hoy

Cuestionan AI y ONU estrategia anticrimen

Rechazo. Acusaron que AMLO no cumplió con lo acordado en los foros y afirmaron que en vez del nuevo cuerpo de seguridad se debe profesionalizar a los policías.
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Amnistía Internacional (AI) y más de una decena de organizaciones no gubernamentales cuestionaron y rechazaron la creación de la Guardia Nacional, integrada por policías militares, navales y federales, como parte del Plan Nacional de Seguridad y Paz de Andrés Manuel López Obrador, consideraron que el Presidente electo no cumplió con lo acordado en los foros de pacificación con las víctimas y afirmaron que lo que se requiere es profesionalizar a la policía civil.

Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió al Senado y a la Cámara de Diputados no aprobar la propuesta de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa para delitos de alto impacto como el huachicoleo, la posesión ilícita de armas y los delitos electorales, hecha en campaña por el futuro mandatario.

En reunión con la Comisión de Puntos Constitucionales, el coordinador legal y de análisis en México de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alan García, dio a conocer los escritos enviados al Congreso para aprobar la eliminación del arraigo, pero desechar la prisión “oficiosa compulsiva”, considerada en al menos 19 iniciativas de reformas constitucionales presentadas en ambas cámaras.

“La ONU-DH manifiesta su preocupación por los contenidos de las iniciativas referidas. La existencia de la prisión preventiva oficiosa es violatoria de los tratados internacionales sobre derechos humanos, de los cuales el Estado mexicano es parte”, subrayó.

PLAN FRACASADO

Luego del anuncio de AMLO sobre la creación de la Guardia Nacional con entrenamiento militar, AI lamentó que López Obrador presentara una estrategia de seguridad que repite esencialmente el modelo de seguridad militarizada “fallido” que existe actualmente, y que “ha permitido la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.

La directora para las Américas del organismo internacional, Erika Guevara Rosas, consideró que la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior puede abrir una oportunidad para que el próximo gobierno desarrolle un plan detallado para el retiro pronto y ordenado de las fuerzas militares de las labores de seguridad.

En tanto, la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum, consideró que “deberían ser las instituciones civiles las responsables de la seguridad en el país y mantener el control de las operaciones. La propuesta del Presidente electo de continuar la militarización debería ser enmendada para enfocarse en el fortalecimiento y la profesionalización de las policías civiles”, agregó.

A su vez, la directora general de México Unido Contra la Delincuencia, Lisa Sánchez, consideró que la Guardia Nacional no contribuirá a la reducción de la violencia ni a la pacificación ni a la reducción de la criminalidad neta, ya que implicará la transferencia del mando de la Policía Federal del ámbito civil al militar, cuando en 12 años de estrategia "lo único que ha sucedido es que la violencia homicida creció y la criminalidad no baja".

Por separado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, destacó que siempre estará en favor de que sean las instituciones civiles quienes conduzcan la seguridad pública, y añadió que el Estado está obligado a apegarse a los estándares internacionales.

"Desde la perspectiva de derechos humanos no basta solamente con reformar la Constitución, hay que atender los estándares internacionales, que nos señalan la mayor restricción posible en el uso de las fuerzas armadas", afirmó.

Asimismo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos destacó que con esta política “no podemos pensar en un proceso de reconciliación” y agregó que la medida levanta alertas importantes, ya que en los últimos 12 años se ha registrado un incremento en la violencia del país “correlacionada a la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”.

En tanto, el presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, dijo a MILENIO que "seguir entregándole a los militares la seguridad no resuelve los problemas del país y contradice lo que López Obrador dijo por años como candidato opositor y lo que prometió en campaña".

OTRAS VOCES


CAUSA EN COMÚN

María Elena Morera se dijo preocupada por la militarización de la seguridad, consideró positivo legalizar drogas y reformar el sistema penitenciario, pero tachó de ingenua la idea de erradicar la represión y los actos de tortura.


FISCALÍA QUE SIRVA

El colectivo manifestó que el plan de AMLO pone en crisis el sistema actual de procuración de justicia y los esfuerzos por construir una fiscalía autónoma, y subordina las instituciones civiles que deben ser garantes de un sistema de justicia democrático.

Con información de: Karina Palacios.

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