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PGR tiene 13 denuncias por 917 millones desviados de la Cruzada contra el Hambre

Cruzada Desnutrida

Auditores detectaron que se entregaron apoyos de 59 millones a 362 productores quienes habían fallecido hasta dos años antes a la fecha de la solicitud del apoyo.
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Las dependencias del gobierno federal que participaron en la Cruzada Nacional contra el Hambre no han podido aclarar el buen uso de mil 633 millones de pesos. Esto abarca desde el arranque de la estrategia, ideada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto con el fin de “erradicar el hambre en el país”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, de 2013 a 2016, dependencias involucradas en la estrategia no han aclarado o devuelto los recursos que debieron utilizar para la estrategia contra la pobreza.

De este total, existe un monto de 917 millones de pesos por los que ya han sido presentadas 13 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cometieron irregularidades en el uso del dinero de programas enfocados a los más pobres de México.

El mayor monto denunciado ante la PGR, que hasta la fecha no se ha podido aclarar su uso, asciende a 845.5 millones de pesos, que corresponden a la auditoría forense 269, recursos asignados en la cuenta pública 2013. Ese dinero estaba destinado a crear redes nutricionales, realizar un concierto de rock, una feria con organizaciones sociales y para las ventanillas de atención a adultos mayores.

Resultado de esa auditoría se presentaron cinco denuncias penales el 20 de octubre del 2015, donde se señala a Sedesol, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Morelos.

La dependencia, que había estado a cargo de Rosario Robles, utilizó a instituciones de educación superior en un esquema de triangulación de recursos a través de las universidades públicas para burlar las licitaciones.

Este modus operandi corresponde al que la auditoría ha denunciado desde hace cinco años en sus informes, donde las dependencias del gobierno federal utilizan los artículos 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para hacer adjudicaciones directas.

La historia detrás de estos millonarios recursos se remonta al 1 de marzo y 15 de abril de 2013, cuando la dependencia federal suscribió contratos con la Universidad Autónoma del Estado de México para “eliminar el hambre mediante la mejora de la alimentación y nutrición de personas de escasos recursos”. 

¿DÓNDE QUEDÓ LA BOLITA?

En la utilización de ese dinero los auditores detectaron algunas joyas de corrupción como: servicios que no se proporcionaron, sobre precios, giros de empresas ajenos a los servicios requeridos, empresas con los mismos domicilios fiscales, empresas fantasmas, y documentos alterados para la justificación de bienes.

También detectaron conflictos de interés, como el caso en que Hugo Manuel del Pozzo era el apoderado legal de una de las empresas subcontratadasServicios Profesionales Antal SA de CV, y a la vez Director de Recursos Financieros y Apoderado Legal de la universidad mexiquense

Del Pozzo fue inhabilitado para laborar en la UAEM y en septiembre de 2017 fue detenido por el presunto desvío de 16 millones. Pero la detención no tuvo que ver con los contratos de la Cruzada, sino por el incumplimiento de un contrato con el gobierno de Oaxaca.

Al seguir la pista del dinero en el tema de la Cruzada, la auditoría encontró que tanto la Universidad Autónoma del Estado de México como la de Morelos, subcontrataron los servicios a 12 empresas sin hacer licitaciones. Y al final el flujo de dinero recayó en la empresa Esger Servicios y Construcciones SA de CV.

Por subcontratar los servicios, la UAEM tuvo una comisión de 73 millones 489 mil 73 pesos, mientras que la UAMOR se quedó con 34 millones 887 mil 970 pesos. 


JUICIO LAPIDARIO

En el dictamen emitido el 23 de enero de 2015 la auditoría concluyó que para algunas acciones del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SNCcH) “la Sedesol no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre los aspectos observados destacan conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y adquisiciones y la subcontratación de proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios comprometidos; algunos no fueron localizados y de otros se presume su vinculación con actos irregulares”.


PRODUCTORES MUERTOS QUE… COBRAN

Una de las ideas de la Cruzada era mejorar la economía de los más pobres en el país a través de la intervención de la Sagarpa, que se encargaría de impulsar a pequeños productores ubicados en localidades de alta y muy alta marginación.

En el marco de dicha cruzada, Enrique Martínez y Martínez, entonces titular de la Sagarpa, emitió el acuerdo donde se aprobó el "Proyecto Estratégico Agricultura de Autoconsumo, Apoyo a Pequeños Productores de Maíz de hasta tres hectáreas”.

De 2013 a la fecha la Sagarpa no ha podido aclarar el buen uso de 59 millones de pesos. La ASF presentó el 18 de agosto del 2018 una denuncia de hechos resultado de la auditoría 302, de la cuenta pública 2013, ya que los auditores detectaron que se entregaron apoyos a 362 productores quienes habían fallecido hasta dos años antes a la fecha de la solicitud del apoyo.

Los auditores concluyeron que hubo “opacidad en el proceso de la entrega de los apoyos, toda vez que no fue posible determinar qué insumos integraron los paquetes tecnológicos que supuestamente solicitaron los beneficiarios y que les fue entregado por el proveedor”.

Además detectaron compras con sobreprecios. “En el caso de los estados de Guerrero y Veracruz, se determinaron diferencias de más por 43 millones 550 mil y 15 millones 431 pesos, respectivamente, en los precios pagados a esa empresa respecto de los precios de los insumos que esa empresa vendió a otras personas distintas de los beneficiarios del programa”.

En el dictamen del 7 de noviembre de 2014 la auditoría concluyó que, en términos generales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación no cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia.

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En este trabajo, que consta de tres entregas, participaron Carolina Torreblanca (Data Cívica); Rafael López Méndez, Vanessa Job, Rafael Montes y Melissa Del Pozo (MILENIO); y Paris Alejandro Salazar, Alondra Olivera, Margena de la O y Axel Chávez (La Silla Rota). Fue coordinado y editado por Sandra Romandía (La Silla Rota) y Juan Pablo Becerra-Acosta M. (MILENIO).


jbh

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