Corrupción, 'narco', muerte e indolencia: 2014 en Guerrero

Si bien el caso Iguala marcó la agenda política y social en la entidad, hubo otros hechos que conmocionaron y generaron conflicto social.

Chilpancingo

Corrupción, indolencia gubernamental, organizaciones criminales que matan, desaparecen y desplazan pueblos y conflicto social son parte del legado que 2014 dejó a Guerrero. A continuación, otros hechos que también conmocionaron la entidad y ponen en riesgo las elecciones de este año, además del caso Iguala.

Diez mil despensas

En enero de 2014, el hallazgo de una bodega con más de 10 mil despensas costó la separación del cargo a Constantino González Vargas, quien era subsecretario de Protección Civil estatal.

Casi un mes después, el 13 de febrero, en el almacén del DIF-Guerrero se encontraron varias toneladas de ayuda que diferentes gobiernos, instituciones y grupos no gubernamentales enviaron para miles de damnificados por la tormenta tropical Manuel.

Por tratarse del organismo que presidía Laura del Rocío Herrera, esposa del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, el aparato estatal se movilizó para tratar de ocultar el hecho.

La Contraloría General del Estado inició una investigación que nunca presentó avances, de hecho, trató de negar el hallazgo y de culpar a los medios de haber manipulado las imágenes de unas cuantas cajas de ayuda en existencia.

Una semana después, en Acapulco fue captado el diputado local perredista Ángel Aguirre Herrera repartiendo despensas, de inmediato se generó la sospecha de que la ayuda para los damnificados era guardada para utilizarse con fines electorales.

Embestida del crimen

En febrero, los enfrentamientos entre pistoleros de Los Rojos y Los Ardillos dejó como saldo 13 personas muertas, lo que propició que el alcalde, Francisco Javier González, solicitara la intervención del Ejército y la Policía Federal (PF).

Durante siete meses hubo un repliegue de los grupos de delincuentes, pero en noviembre la violencia repuntó y en una sola semana se registraron por lo menos 11 decapitaciones.

Estos grupos delictivos generaron violencia en Chilapa, Acapulco, Chilpancingo, la Costa Grande y parte importante de Tierra Caliente. Como consecuencia de su operación, hay por lo menos 500 familias desplazadas de la sierra, que viven arrumbados en Tecpan de Galeana, Ayutla de los Libres y Chilpancingo.

La Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (Seido) mantiene abierta la investigación de al menos 12 alcaldes supuestamente relacionados con la delincuencia, entre ellos los de Chilapa, Chilpancingo, Tlacotepec, Teloloapan, Coyuca de Catalán, Cuetzala del Progreso y Tixtla.

Hasta el momento solo Feliciano Álvarez Mesino, presidente de Cuetzala, ha sido detenido por la colusión con una banda de presuntos secuestradores.

En tanto, en mayo pasado el diputado local del PRI Olaguer Hernández Flores fue secuestrado; regresó bien con su familia, pero se desconoce a los responsables del hecho.

División

Si bien en 2013 cobró fuerza el surgimiento de grupos de autodefensa y se consolidaron las policías comunitarias para hacer frente al crimen, en 2014 entraron en crisis.

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) enfrentan una situación de fractura por rivalidades internas.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero vio materializada su aspiración de crear una Policía Rural, que incorporara a las policías comunitarias y grupos de autodefensa, como ocurre en Michoacán, con resistencia en la Upoeg.

Movimiento antiabortista

La posibilidad de que en el Congreso de Guerrero se aprobara una reforma para despenalizar el aborto generó la movilización de grupos religiosos en las principales ciudades durante varios meses.

Con protestas, concentraciones en el Congreso y la compra de espacios en medios de comunicación, el clero en el estado logró que al menos la mitad de los 46 diputados, varios del PRD, amagaran con votar contra la propuesta del gobierno estatal, que fue congelada.

Hostigamiento a periodistas

El 2 de junio, en la víspera del Día Internacional de la Libertad de Prensa, el conductor de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Acapulco, Jorge Torres Palacios, fue encontrado muerto en una huerta tras varios días de desaparición.

Meses después, el corresponsal de la revista Proceso, Ezequiel Flores Contreras, sufrió la incursión en su domicilio de supuestos elementos del Ejército, quienes lo buscaban para entregarle una supuesta notificación de la IX Región Militar. El gobierno le ofreció medidas cautelares que rechazó.

Otro caso fue el de las reporteras Rosalba Ramírez García, Citlal Giles y Vanessa Cuevas Bonilla de los periódicos El Sur, La Jornada Guerrero y Puntual, a las que el diputado local del PRD Óscar Díaz Bello amagó con incluir en una demanda penal a cambio de que dieran a conocer información que afectaba una investigación de la Auditoría General del Estado.

Ante la presión de los medios, Díaz Bello dio marcha atrás y hasta ofreció una disculpa pública.

Golpe al clero

El 24 de diciembre, sacerdotes de Tierra Caliente, particularmente de Ciudad Altamirano, marcharon para exigir la presentación con vida del sacerdote Gregorio López Gorostieta, quien fue secuestrado. Feligreses que los acompañaron pidieron el cese de la violencia. Un día después, el cura fue encontrado muerto en la nuca de la cabeza monumental del general Lázaro Cárdenas, sobre la carretera federal a la altura de Tlapehuala.

Año trágico: Ortega

-La desaparición de 43 y la muerte de seis el pasado 26 de septiembre fue el detonante de las fragilidades del Estado mexicano, aseguró Rogelio Ortega.

-El gobernador de Guerrero aseguró que la crisis se gestó durante años y 2014 será recordado como un año trágico por lo que sucedió en Iguala.

-Enfatizó que la crisis provocada por la delincuencia organizada logró permear y penetrar todo el tejido social y sobre todo a las instituciones.