Diputados aprueban creación de Fiscalía Anticorrupción

La nueva fiscalía podrá ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado por actos de corrupción, cuyo valor equivalga al producto, así como promover la extinción del dominio de los mismos.
Santiago Taboada, presidente  de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados  detalló las fechas de las audiencias, los temas y los días en que se desarrollarán en diversos estados de la República
Las las reformas a la Ley Orgánica de la PGR fueron aprobadas por 416 votos. | Archivo

Ciudad de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado de la República.

Avalado con 416 votos, el proyecto concede a la nueva fiscalía facultades para ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado por actos de corrupción y cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo.

Podrá asimismo promover la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños y cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causa atribuible al imputado o sentenciado.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción y, una vez aprobadas en el Palacio de San Lázaro, fueron turnadas al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Álvaro Ibarra, subrayó que la Fiscalía Especializada tendrá autonomía técnica y operativa, sin quedar sujeta a la revisión de la Procuraduría General de la República.

Sostuvo que las instituciones débiles dejan espacios a las prácticas de corrupción y por ello celebró la reestructuración para garantizar un servicio público de calidad y castigar las expresiones como el clientelismo y las compras gubernamentales fuera de la ley.

“La responsabilidad de construir instituciones sólidas y fortalecer capacidades para que la ciudadanía tenga la plena certeza de que los actos de corrupción serán investigados y perseguidos debe ser un compromiso compartido por los tres poderes y los tres órdenes de gobierno”, dijo.