Corte ratifica criterio para acceder a celulares en casos de delito

El proyecto ratificado por los ministros obliga a los concesionarios a resguardar la información de las llamadas telefónicas móviles o fijas y proporcionarla a las autoridades competentes.
Las firmas de telefonía fija han incluido paquetes con llamadas libres a celulares.
Las autoridades sólo pueden ordenar la geolocalización en tiempo real, sin previa orden judicial, cuando hay necesidad de proteger la vida e integridad de las personas. (Araceli López)

Ciudad de México

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó el criterio que permite a las autoridades interceptar, intervenir, recopilar y almacenar los datos personales e íntimos de los teléfonos celulares que pertenezcan a los infractores de la ley.

En mayo del presente año, la sala estableció que ninguna autoridad tiene la facultad de acceder a los datos personales, ni al resto del contenido que tienen los teléfonos celulares asegurados a delincuentes, sin previa orden judicial.

Dejó claro que las autoridades sólo pueden ordenar la geolocalización en tiempo real de un aparato celular, sin previa orden judicial, cuando hay necesidad de proteger la vida e integridad de las personas.

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También mencionó que la geolocalización en tiempo real persigue un fin legítimo, porque favorece la persecución de actividades ilícitas, mediante el uso de tecnologías en materia de telecomunicaciones.

La ratificación del criterio derivó de la negativa de amparo al Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos, mismo que impugnó las obligaciones que les impone el criterio establecido en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El proyecto aprobado y ratificado por los ministros, presentado por el ministro Fernando Franco González, establece la obligación de los concesionarios a resguardar la información de las llamadas telefónicas móviles o fijas y proporcionarla a las autoridades competentes.

Los artículos de la Ley Telecom indican que a pesar de significar una restricción al derecho a la vida privada, "lo cierto es que se trata de una medida encaminada a cumplir la obligación del Estado de asegurar el ejercicio pleno de los derechos al lograr la eficacia de las investigaciones en la comisión de algún delito".

AER