Qué es el conflicto de interés de un servidor público

En la ley se les prohíbe relacionarse con aquellos cuyas actividades profesionales o comerciales sean reguladas y supervisadas por el servidor público.
En sesión de Congreso General se inauguró el periodo extraordinario de sesiones para la aprobación de las leyes electorales.
Cámara de Diputados. Archivo. (@Mx_Diputados )

Ciudad de México

De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos estos no pueden tener relación comercial alguna con quienes se encuentren directamente vinculados, regulados o a quienes supervisen.

"Durante el desempeño de su empleo y un año después, no podrán solicitar, aceptar o recibir dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión para ellos o personas cercanas de cualquiera cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público".

Esa situación determinaría conflicto de intereses.

En la misma ley se especifica que no se considerará lo que reciba el servidor público en una o más ocasiones durante un año, cuando el valor de lo recibido sea inferior a diez veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de su recepción.

En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos valor, bienes inmuebles o cesiones de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima la titularidad de los derechos de posesión o de propiedad sobre bienes de cualquier clase.

La sanción para el servidor que infrinja esta ley es un castigo como cohecho y serán sancionados en términos de la legislación penal.

Esta ley aplicará para los servidores públicos mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales.

De acuerdo con el artículo 108 constitucional son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial Federal y los del Distrito Federal, funcionarios y empleados, y, en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal o en el Distrito Federal, así como los servidores del instituto federal electoral, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que entre las autoridades competentes para aplicar la presente ley se encuentran las Cámaras de Senadores y Diputados.

Además, para el caso de los diputados federales, el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados establece "que será obligación de los diputados y diputadas informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos".